Tegucigalpa – La asesora legal del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Osiris Payes indicó que la quinta renovación al Memorando de Entendimiento para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), no constituyen avances sustantivos.
“Al contrario, evidencian el estancamiento de un proceso que, lejos de consolidar una ruta institucional clara, ha sido prolongado indefinidamente sin resultados concretos”, señaló Payes.
La profesional del derecho refirió que a más de 40 meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro expresó su compromiso con la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción, aún no existe un marco jurídico adecuado ni una estructura institucional que haga viable su llegada.
Mediante un análisis, Payes detalló que los únicos avances legislativos verificables ocurrieron entre julio y agosto de 2023, cuando el Congreso Nacional derogó normas regresivas como la “Ley de Secretos” y el Decreto 116-2019.
“La instalación de la CICIH no depende únicamente de decisiones técnicas o negociaciones bilaterales: requiere, en primer lugar, voluntad política sostenida; en segundo lugar, un marco jurídico que garantice su autonomía; y, en tercer lugar, un entorno institucional dispuesto a enfrentar redes de corrupción de alto nivel. Estas condiciones siguen sin materializarse”, afirmó.
Para la representante del Cespad, lo que persiste hoy no es solo la ausencia del mecanismo, sino la falta de condiciones colectivas que permitan su viabilidad. “El proceso no ha sido detenido por una sola institución ni por una decisión aislada, sino por una combinación de bloqueos cruzados, omisiones institucionales, cálculos partidarios y desconexión social”, criticó.
En tal sentido, la verdadera dificultad no reside en la falta de acuerdos formales, sino en la ausencia de un propósito compartido que impulse el proceso.
“La CICIH fue una demanda ciudadana para enfrentar una corrupción estructural que trasciende capacidades nacionales. Para hacerla realidad, es necesario romper con inercias, fortalecer alianzas, y construir una institucionalidad que sirva al interés público. Mientras no se logre ese cambio, el mecanismo seguirá siendo solo una posibilidad, sin un horizonte real. Cada prórroga sin avances profundiza la deuda pendiente con la justicia y la democracia”, concluye.
