La abogada Marcela Caro, experta en temas migratorios, aseguró que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños responde más a decisiones políticas que legales. Mientras Estados Unidos terminó el programa para Honduras, mantuvo la protección para El Salvador, país que bajo la administración de Nayib Bukele fortaleció sus lazos con Washington.
Caro explicó que el presidente Donald Trump actuó dentro de sus facultades constitucionales, según el artículo 2 de la Constitución estadounidense, que le permite renovar, cancelar o conceder un TPS. “No es que el presidente Trump no quiera dar este beneficio, de lo contrario habría cancelado también el TPS salvadoreño”, señaló.
La especialista destacó que la falta de entendimiento entre el gobierno de Xiomara Castro y la administración estadounidense limitó las posibilidades de negociar la continuidad del amparo migratorio. Según Caro, la política exterior de Honduras, con vínculos hacia países considerados adversarios por Estados Unidos, afectó directamente a la diáspora hondureña.
Como contraste, mencionó que El Salvador aseguró la continuidad del TPS gracias a la cooperación entre ambos ejecutivos. “El Salvador está en la línea de seguridad internacional y, por las relaciones directas entre Trump y Bukele, no hubo cancelación”, indicó.
Caro señaló que Honduras perdió la oportunidad de gestionar una salida favorable desde el inicio del actual gobierno y subrayó que detrás de los 55 mil tepesianos hondureños hay familias enteras que se ven afectadas.
Mariano Guzmán, beneficiario del TPS, describió la situación como un punto de quiebre: “Ya es el día cero para nosotros, ya salió la carta de Homeland Security de la cancelación del TPS hasta el día de hoy”, expresó, reflejando la preocupación de cientos de hondureños y otros grupos que dependían del programa.
