Red hondureña denuncia compra de votos en elecciones primarias

0
557
Cortesía

Tegucigalpa.-  La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) denunció este miércoles el «clientelismo político», una práctica arraigada en el país, y la compra de votos en las elecciones primarias que celebraron tres partidos políticos en marzo pasado.

En su informe final de las «Observaciones temáticas: Elecciones primarias 2021», la Red confirmó que «el clientelismo político no es una práctica en vías de extinción en Honduras, al contrario, está vigente, se amplía y adapta a las circunstancias de cada proceso electoral».

Las elecciones primarias o internas se celebraron el 14 de marzo, previas a las generales de noviembre, con la participación de los partidos Nacional, en el poder; el Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza de oposición), y el Liberal, también de oposición.

Los tres partidos políticos pusieron en práctica sus «diversas estrategias de clientelismo electoral, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos de cada uno y el énfasis que le dedicaron a los diferentes componentes de los modelos proselitistas», señala el documento.

Las organizaciones civiles que integran la REDH indicaron que el Partido Nacional tuvo «un acceso privilegiado a los dineros públicos y los diferentes recursos del Estado, lo que le permitió desplegar una estrategia clientelar con todo su esplendor, en el tiempo y en el espacio electoral».

MECANISMOS DE CONTROL DE GASTOS DE CAMPAÑAS

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización continúa con «dificultades presupuestarias» y carece de personal para monitorear lo que los partidos políticos y candidatos invierten en la campaña, problemas que se reflejan en el «desempeño y la falta de cumplimiento de los mecanismos de control» establecidos en la ley, destaca el informe.

Los precandidatos a la presidencia invirtieron alrededor de 23,5 millones de lempiras (974.726 dólares) en sus campañas políticas, según los principales resultados del monitoreo que realizó la REDH.

Desde 2010, en Honduras se observa una «ausencia de planificación presupuestaria» en los procesos electorales, lo que genera una «indisciplina del manejo idóneo de los recursos públicos», agregó.

Sobre el gasto público, el informe de la REDH afirma que Honduras se ha caracterizado por tener procesos electorales «relativamente costosos, que dejan un apreciable impacto económico en las finanzas públicas versus el beneficio social y político».

El presupuesto aprobado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de 2021 fue de 1.504 millones de lempiras (62,4 millones de dólares), 255 millones de lempiras (10,9 millones de dólares) más a los 1.249 ejecutados en 2017 por el otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), según cifras del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh).

CLIENTELISMO, PRÁCTICA ARRAIGADA

La RED indicó que el CNE sigue «estando determinado por la tradición política, lo cual lo ha llevado a incumplir acuerdos o a no concluir procesos fundamentales como no aprobar el reglamento de campaña electoral».

Instó al CNE a renunciar al «modelo de gestión político-sectario y asumir un rol eminentemente técnico que procure la mejora de la baja calidad técnica del proceso, identificada en el 2017, señalada por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos y replicada en las elecciones primarias e internas recientes».

Lamentó que el rol del escrutinio de los resultados de las elecciones primarias estuvo «en manos» de los partidos políticos y de los medios de comunicación desde su labor informativa.

Lo anterior, según la REDH, generó «incertidumbre y poca confianza en la población, quedando evidenciada la debilidad institucional del CNE» de Honduras, donde el clientelismo es una práctica «arraigada» que permite comprender «la tolerancia y disposición de los partidos políticos y el electorado a aceptarlo, promoverlo, y retribuirlo».

La Red Democrática exhortó al Parlamento hondureño a aprobar la nueva Ley Electoral, que incluya la segunda vuelta para futuros procesos y la ciudadanización de las mesas electorales para «superar las persistentes prácticas fraudulentas de manipulación de actas electorales». EFE