Tegucigalpa.- El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha calificado como «justicia tardía» la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.
En un pronunciamiento público, Redondo expresó su descontento por la falta de análisis profundo sobre las implicaciones de esta sentencia tanto por parte de analistas como de instituciones pertinentes. Señaló que la tardanza en la emisión de la sentencia por parte de la CIDH ha tenido graves consecuencias para el Estado de Honduras y su pueblo.
«El fondo del problema radica en que la Comisión de la CIDH emitió y notificó esta sentencia después de más de una década de que se cometieran las violaciones a los derechos humanos, al Estado de Derecho y a la democracia», afirmó Redondo.
Asimismo, hizo hincapié en las consecuencias devastadoras que esta tardanza ha tenido para el país, incluyendo la venta de territorio, violaciones a la soberanía, reelección ilegal, y la instauración de un narcoestado que ha provocado un aumento en la violencia, violaciones de derechos, migración masiva y mayor pobreza para los hondureños.
Cabe recordar que los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira fueron destituidos de sus cargos por una votación de 97 diputados del Congreso Nacional en el año 2012.
Las declaraciones de Redondo reflejan la preocupación y el malestar dentro del Congreso Nacional ante las repercusiones de la sentencia de la CIDH y ponen de manifiesto la necesidad de abordar de manera urgente los desafíos relacionados con el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en Honduras.
