Tegucigalpa.- La presidenta de la república, Xiomara Castro anunció este martes mediante cadena nacional de radio y televisión la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra tras reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, al tiempo que resaltó las estadísticas y condiciones precarias que viven las personas que se dedican al agro en las zonas rurales. reiteró su compromiso con las mujeres, grupos campesinos, originarios e indígenas para que estos puedan acceder a la tierra a través del Instituto Nacional Agrario (INA); de igual forma afirmó que el Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial.
Castro, reconoció que muchas tierras están en conflicto porque han sido adquiridas de manera ilegal, por lo que ordenó al INA y a la Secretaría de Defensa realizar acciones para ordenar las escrituras de tierras y así combatir la mora agraria.
La mandataria delegó al Instituto de la Propiedad (IP) y al Instituto Nacional Agrario (INA) una investigación exhaustiva sobre las tierras que fueron adquiridas de manera ilegitima, de la misma forma, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) llevar a los tribunales aquellos grupos irregulares que han ocupado tierras de forma ilegal.
“Históricamente la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados, no podemos desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país”, dijo Castro.
“La reforma agraria es un asunto pendiente, han transcurrido más de 30 años, desde la promulgación de la ley para la modernización y desarrollo del sector agrícola, lo que no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) dar respuestas positivas a la demanda de tierras que presentan continuamente las mujeres campesinas, grupos campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios”, agregó.
En ese sentido la titular del Poder Ejecutivo manifestó que gracias al decreto 18, promulgado en el año 2008 durante la administración del expresidente Manuel Zelaya (2006 – 2009) se logró disminuir la mora agraria conformada por las solicitudes de tierras presentadas ante el INA, de igual forma lamentó que desde 2010 a la fecha hay una mora agraria de más de mil solicitudes.
La presidenta de la república pidió a las empresas afectadas por las invasiones de tierra que proporcionen toda la documentación necesaria, debidamente registrada, las condiciones, espacios y mantener el debido contacto y proyección social con la población donde están ubicadas sus fincas.
El sector agropecuario aporta el 12,9 % del Producto Interno Bruto y el 35 % de las exportaciones del país corresponden a este sector, cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural, donde el 63 % de la población vive en condición de pobreza y el 50 % en extrema pobreza, afirmó.
«Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados», subrayó Castro, quien dijo que no puede desconocer «las condiciones precarias» del sector rural y agrícola del país, donde la población «lucha a diario por llevar alimentos a sus casas» mientras otros sectores «gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos».
REFORMA AGRARIA, UN ASUNTO PENDIENTE
La reforma agraria, según la mandataria, es un «asunto pendiente» en Honduras, donde han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, lo que no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) «dar respuestas positivas a la demanda de tierras» de campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios.
Registros del INA contienen «un sin número de terrenos con antecedentes de legalidad, que causan efectos ante terceros», pero estudios apuntan a que «estos registros carecen de legitimidad», ya que en gran mayoría han «sido propiedades adquiridas irregularmente por medio de remedidas en terrenos nacionales, tierras concesionadas o traspasadas sin el trámite correspondiente a su naturaleza jurídica privada», enfatizó.
Por ello, el CNDS ordena a la recién creada comisión que elabore un proyecto de ley orientado a dar respuesta a la problemática de la mora agraria, el que deberá aprobar el Parlamento hondureño, señaló.
El proyecto de ley debe incluir «la conciliación de justiprecios pendientes de pago del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes», así como una sección que «castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva y de los bosques», según la resolución del Consejo Nacional de Defensa.
ESCALADA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS
Desde 2021, detalló Castro se ha generado «una escalada en la ocupación de tierras productivas» en Honduras, que ha provocado «inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión».
Destacó que los departamentos de Colón y Atlántida, en el Caribe hondureño, son los «principales polos de conflictividad» sobre la ocupación de tierras por organizaciones campesinas que reclaman «derecho a la tierra, grupos irregulares y, en algunos casos, otros sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país, y otros no determinados».
Un total de 36.451 manzanas de tierra (25.415 hectáreas) han sido ocupadas por grupos de personas, lo que ha causado «graves daños» a la producción nacional y la economía, señaló Castro, quien afirmó que las investigaciones demuestran «poca operatividad» en la evacuación de denuncias y emisión, ejecución de órdenes judiciales de desalojo.
Fuente: Radio América
