Tegucigalpa- En el informe de la auditoria realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señala que la Inversión Estratégica de Honduras adquirió cada hospital móvil por $50 millones y no por $48 millones como ha indicado.
«Existe el riesgo de que INVEST-H/Gobierno de Honduras haya gastado casi USD 50 millones en hospitales móviles que llegarán al país cuando ya no sean necesarios, con precios sobrevalorados y de calidad deficiente, por lo que mejor se hubiera invertido ese dinero en construir y equipar alas permanentes y nuevas en hospitales existentes, las cuales hubieran servido por muchos más años», apunta el informe de la ASJ.
Los análisis concluyen que INVEST-H “no ha desempeñado adecuadamente su función de manejar transparente y efectivamente la responsabilidad de usar los más de USD 80 millones invertidos en responder a la pandemia de COVID-19 y el resultado, es que podría poner en riesgo la vida de millones de hondureños”.
Falta de planificación, incumplimiento en entregas y hasta sobrevaloración
Los informes de la ASJ indican que, al efectuar compras sin consultas ni análisis previos, el Gobierno de Honduras –a través de INVEST-H- adquirió al menos 869 ventiladores mecánicos pulmonares y con la donación esperada de otros 600 más por parte de Estados Unidos, existe el riesgo de que 1,469 ventiladores queden embodegados por falta de planificación y coordinación.
En el caso de los 250 mil kits de pruebas para la detección de COVID-19, INVEST-H no consultó con expertos para asegurar que el sistema de salud hondureño contara con los complementos necesarios para su uso. En consecuencia, no fueron adquiridos los kits de extracción ni los materiales de laboratorio, mientras el personal de la Secretaría de Salud (SESAL) desconocía cómo usarlos, por lo que los kits de pruebas permanecieron almacenados algún tiempo, sin poder ser utilizados para la atención de los ciudadanos.
Mientras para los insumos de bioseguridad, INVEST-H emitió tres de las cinco órdenes de compra el mismo día en el que recibió la solicitud y cotizaciones por parte de la SESAL; y las otras dos, un día después, bajo la promesa de entrega inmediata o un máximo de 10 días por parte de las empresas proveedoras.
Finalmente, tres de las cinco empresas incumplieron las fechas de entrega y sus contratos fueron cancelados; una se retiró por las denuncias públicas contra estas compras y la quinta, fraccionó las entregas en ocho, con un retraso de entre tres y 52 días, dejando sin protección al personal de la salud que enfrenta la pandemia en los centros asistenciales. Además, entre las cinco empresas contratadas una se dedica a las telecomunicaciones y seguridad, no al rubro de la salud.
La compra más preocupante es la de siete hospitales móviles. Los equipos de ASJ cotizaron los mismos hospitales móviles directamente con la empresa manufacturera (TNR Prefabrik) a la que INVEST-H los compró, a un precio de USD 2 millones menos cada uno y hospitales muy parecidos con otra empresa (Turmaks) por USD 3 millones menos.
Además, en el contrato no hay penalidades por entrega tardía, pero los primeros hospitales debieron ser recibidos hace más de 35 días. Tampoco se encontraron garantías de calidad y la adjudicación se realizó a una empresa sin documentos mínimos de identificación legal en el expediente digital de INVEST-H.
Asimismo, la ASJ pudo constatar que existen centenares de negocios registrados en la dirección física de la empresa Elmed Medical Systems (hospitalesmoviles.com) y, a pesar de búsqueda de varios días a través de Internet, no fue posible encontrar información concreta sobre ninguna venta de hospitales móviles de esta empresa en el pasado.
Por lo anterior, existe el riesgo de que INVEST-H/Gobierno de Honduras haya gastado casi USD 50 millones en hospitales móviles que llegarán al país cuando ya no sean necesarios, con precios sobrevalorados y de calidad deficiente, por lo que mejor se hubiera invertido ese dinero en construir y equipar alas permanentes y nuevas en hospitales existentes, las cuales hubieran servido por muchos más años.
Recomendaciones
Ante los hallazgos, la ASJ se suma a la petición del Consejo Directivo de INVEST-H de demandar la realización de una auditoría forense a las autoridades de la institución e insta al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) a actuar oportunamente con base en ley y a velar por el proceso de la auditoría forense que se aplique a INVEST-H y las evidencias que arroje la misma. Al Congreso Nacional, pide nombrar una comisión para investigar si se ha dado el uso efectivo a los recursos aprobados para atender la pandemia.
De igual manera, exige una actuación más planificada, transparente, efectiva y de liderazgo de las autoridades de la SESAL y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que responda a las necesidades del pueblo hondureño ante la crisis sanitaria.
Finalmente, ASJ considera que aún no es tarde para crear una comisión de expertos nacionales e internacionales, dentro y fuera del Gobierno, para hacer, implementar y ajustar –de ser posible semanalmente- una Estrategia Nacional para la Pandemia del COVID-19 de la cual se deriven acciones efectivas y oportunas, en temas como la respuesta del sistema sanitario, reactivación económica, sistema educativo, entre otros.
