Tegucigalpa- El Presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta Pérez, se reunió con funcionarios de la Defensa Pública y Jueces de Ejecución para continuar el Plan de Descongestionamiento de los centros penitenciarios del país, esto para salvaguardar la salud de los privados de libertad ante la pandemia del COVID- 19 que afecta al país.
Durante el encuentro se tomaron decisiones inmediatas con respecto a privados de libertad que cumplen con los requisitos otorgados por la ley para gozar del beneficio de preliberación, libertad condicional o se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
En este sentido, Argueta Pérez instruyó al Director de la Defensa Pública, Manuel Antonio Pacheco, para que junto a la Coordinación de la Unidad de la Fase de Ejecución de la Pena se personen ante el Instituto Nacional Penitenciario (INP) a fin de que este ente haga entrega de los listados de privados de libertad que reúnen los requisitos.
Según el Poder Judicial, suman al menos 1,565 ciudadanos divididos así: un total de 698 en proyección de ser beneficiados con preliberación; 816 con el beneficio de libertad condicional y unas 51 personas que padecen enfermedades en fase terminal o enfermedades del sistema nervioso central.
En el caso de las mujeres que tengan hijos menores de 4 años dentro del centro penitenciario y que cumplan los requisitos establecidos, también gozaran de esas medidas.
La Presidencia del Poder Judicial desde el año pasado promovió el proyecto de descongestionamiento de los centros penitenciarios el que benefició a 3,838 privados de libertad en el 2019 (3,611 hombres y 227 mujeres) y a 214 (198 hombres y 16 mujeres) en lo que va del 2020.
Sin embargo, este plan cobra una especial relevancia en este momento que el país afronta una emergencia sanitaria de carácter nacional, por lo que en la reunión sostenida este día se verificaron los avances concretos en el proceso de descongestionamiento de las cárceles del país y se establecieron las acciones de continuidad en el marco de la emergencia nacional, pero en ninguno de los casos será de aplicación a delitos con penas graves o relacionados a criminalidad organizada.
