Tegucigalpa.- La ministra de Derechos Humanos en Honduras, Natalie Roque, pidió este martes al Ministerio Público una «pronta investigación» de las amenazas que obligaron a abandonar el país a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
En un mensaje en Twitter, Roque indicó que «sin éxito» ha tratado de comunicarse con Castellanos, quien se encuentra desde el domingo en Washington junto a su familia.
Señaló que representantes de la Dirección General del Sistema de Protección acudirán al Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) para solicitar «acceso a la denuncia» presentada el pasado viernes ante ese organismo por Castellanos.
Posteriormente, Roque indicó que se trasladará al Ministerio Público en Tegucigalpa para «demandar pronta investigación» en el caso de Castellanos, quien confirmó este lunes que abandonó el país por amenazas a su vida.
La Dirección General del Sistema de Protección indicó en un comunicado que se «pone a disposición» de la titular del ente anticorrupción para «articular las medidas de protección que se consideren pertinentes para garantizar la seguridad e integridad personal de ella y demás personas en riesgo».
Castellanos indicó la víspera que seguirá «luchando contra la corrupción» y aseguró que las amenazas contra ella aumentaron en las últimas tres semanas tras presentar un informe en el que denunció el alto nivel de «nepotismo» en el Gobierno hondureño y «una concentración de poder» en el país.
«El nepotismo que ha surgido con la instauración del nuevo Gobierno ha dado el espacio para visualizar la inminente concentración de poder que está operando en el Gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro», indicó el CNA en un informe divulgado el pasado 24 de mayo, en Tegucigalpa.
El documento, titulado «Concentración de poder», señala que «los puestos estratégicos y de los que se requiere un contrapeso están dirigidos por miembros de la misma estructura política y por miembros de su misma familia, ocasionando el acaparamiento institucional por una minoría».
La presidenta hondureña rechazó el 25 de mayo el informe del CNA y aseguró que su gobierno y su familia sufrieron «tendenciosos ataques» por parte del ente anticorrupción.
Decenas de organizaciones de diferentes sectores se han solidarizado con Castellanos, mientras que funcionarios del Gobierno aseguran que las amenazas no provienen del Estado.
«Decir o querer dar a entender que a Gabriela Castellanos se le está amenazando desde este Gobierno es falso”, dijo este lunes el vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, quien señaló que las autoridades hondureñas investigarán la denuncia de la titular del CNA. EFE
