Lima, 1 oct (EFE).- Tras siete meses de severas restricciones, destrucción del empleo y debacle económica, Perú arrancó este mes de octubre su última fase de reapertura, con la esperanza de revertir el daño que la COVID-19 causó a los bolsillos de los peruanos sin que la enfermedad repunte nuevamente.
El país inició la cuarta etapa de un plan que busca recuperar una economía que antes de la pandemia estaba entre las más boyantes de la región y ahora afronta un escenario que puede llevar a un caída de 12 % en su PIB anual, la pérdida de millones de empleos y un incremento significativo en el nivel de pobreza, que puede pasar de 20 % a más de 27 %, según cifras oficiales.
En ese escenario, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra apuesta por mantener una visión optimista sobre la reactivación del país, con la advertencia de que la prioridad sigue siendo la lucha contra la pandemia y llamados de alerta ante soluciones «populistas» que puedan golpear aún más la magullada economía nacional.
Sin embargo, tanto economistas como analistas toman este proceso, en el mejor de los casos, con reticencias y, en otros, con críticas abiertas a medidas que han golpeado duramente la economía sin haber frenado la enfermedad, ya que Perú es el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo y el sexto con más casos reportados.
INDICADORES DRAMÁTICOS
Para el economista César Peñaranda, la estrategia usada para manejar el tema sanitario y la economía nacional «no ha sido nada buena», porque antes de la pandemia Perú mostraba indicadores macroeconómicos «sobresalientes» y lideraba el crecimiento regional y «ahora es el peor país en resultados económicos a nivel mundial».
Peñaranda señaló a Efe que su país reportará este año un descenso de entre 13 y 15 % del producto interno bruto (PIB), y «una dramática caída del consumo privado», de alrededor de 11 %, cuando este explica el 65 % del PIB nacional.
Además, adelantó que la inversión privada, responsable del 20 % del PIB, va a caer en alrededor de 30 %, y que se estima que la inversión pública también decrecerá entre 20 y 25 %, además de llegar a un déficit fiscal de 11 %.
«Esos resultados cambian totalmente el panorama para el país», lamentó el experto antes de indicar que el Gobierno, que termina sus funciones dentro de diez meses, debe concentrarse en «evitar que la caída pueda ser más profunda» y el régimen que asumirá funciones el próximo 28 de julio tendrá la «muy complicada labor de tratar de revertir» esa situación.
POSICIÓN DEL GOBIERNO
En su última presentación ante los medios, Vizcarra enfatizó que la prioridad de su Gobierno es seguir enfrentando a la COVID-19, pero tiene «una agenda amplia y variada, que abarca el impulso del crecimiento económico, la generación de empleos, la ejecución de obras de infraestructura, los temas productivos y el apoyo al agro».
Aseguró que desde que se retomaron las actividades productivas la tasa del crecimiento del PIB está recuperándose «de forma constante» y en julio pasado hubo «una clara recuperación respecto al mes de abril», cuando la cuarentena generalizada llevó a una caída de 40 % en la economía.
Según Vizcarra, en «apenas tres meses» la economía peruana se recuperó «en alrededor de 30 puntos porcentuales».
Al respecto, Peñaranda admitió que la recuperación económica «progresivamente ha ido funcionando, pero mucho más lento de lo que se espera», por lo que reiteró que a fin de año se espera una caída «impresionante» en el PIB.
ACTIVIDADES DE CUARTA FASE
Aunque la cuarta fase comprendía el reinicio total de la economía, el Gobierno decidió restringir algunas de ellas, por lo que aún no autorizó que abran, entre otros, bares, discotecas y casinos, actividades que, según dijo Vizcarra, «en su momento empezarán, pero todavía no se ha tomado esa decisión».
En concreto, la cuarta fase permite un incremento del aforo de las tiendas, que pasó de 50 al 60 %, mientras que los servicios de restaurantes y afines, sin incluir bares, también incrementaron su aforo hasta un 50 %, del 40 % permitido hasta ahora.
Similares porcentajes tendrán los servicios de transporte marítimo y de cabotaje de pasajeros, bibliotecas, archivos, museos, monumentos arqueológicos y sitios históricos.
También se retomarán los servicios de agencias de viajes y operadores turísticos, las actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales y temáticos, así como de clubes y asociaciones deportivas, aunque sólo para deportes individuales o en parejas realizadas al aire libre.
Además, se permitirá la pesca deportiva y los deportes náuticos, así como las actividades de guías de montaña, con aforo al 50 %, y, desde el próximo 5 de octubre se retomarán los vuelos internacionales de carácter regular hacia siete países de la región (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay).
VUELOS INTERNACIONALES
De todas las actividades que se reinician, la que ha concitado la mayor atención es la reanudación de los vuelos comerciales al extranjero, paralizados desde el cierre total de fronteras que ordenó el Gobierno peruano el pasado 15 de marzo.
«Se permitirá el traslado, ida o vuelta, de pasajeros en un rango de hasta cuatro horas de vuelo. Es lo estimado en primera lista de países y destinos», detalló Vizcarra.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, agregó que no se permitirá el abordaje con fiebre y que los pasajeros deberán presentar una declaración jurada de no tener síntomas y consignar sus datos para ser ubicados si se detecta que viajaron cerca de un portador de la enfermedad.
CRÍTICAS A GRADUALIDAD
Sin embargo, la reapertura por etapas es criticada por muchos expertos, ya que consideran que mantiene restricciones que siguen afectando a las empresas y, además, no tiene en cuenta las afectaciones que se han sufrido durante los últimos meses.
El exministro de Economía Alonso Segura consideró que los cambios que incluye el Gobierno en la etapa difunden un mensaje confuso, ya que los portavoces oficiales también afirman que es muy problemático que el país sufra una segunda ola de la enfermedad, que en las últimas semanas está en franco descenso en el país.
Peñaranda agregó que él estuvo «desde el inicio» totalmente en contra de este sistema por etapas y que se debería permitir «que todos aquellos que puedan ingresar probando que tienen una tasa de contagio menor a uno ingresen».
«Los empresarios son los más interesados en cumplir con protocolos viables, por supuesto, porque de ellos depende su subsistencia», remarcó antes de señalar que, desde su perspectiva, todo este proceso «ha ido a trompicones».
