Tegucigalpa.- Diversas organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de derechos humanos presentaron un recurso de hábeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de salvaguardar 217 territorios en Honduras, tras la aprobación de la controvertida Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
Según los promoventes, la normativa podría derivar en desalojos, persecución y criminalización de comunidades que mantienen disputas históricas por la tierra.
Los representantes de estas organizaciones argumentan que la nueva legislación otorga amplias facultades a las autoridades para actuar contra ocupaciones o conflictos relacionados con tierras agroindustriales, lo que, a su juicio, pone en riesgo los derechos territoriales de comunidades campesinas, indígenas y garífunas. Además, sostienen que la medida favorece la concentración de tierras y limita las reivindicaciones agrarias.
La ley ha generado un intenso debate a nivel nacional. Mientras sectores empresariales defienden la normativa como una herramienta para brindar seguridad jurídica a las inversiones y fortalecer la producción agroindustrial, organizaciones sociales y organismos defensores de derechos humanos advierten que podría profundizar la conflictividad agraria y aumentar la judicialización de las luchas por el acceso a la tierra.
