Managua.- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) urgió este martes el desarrollo de nuevos mecanismos para defender los derechos de las personas en Nicaragua, en donde, según dijo, la denuncia pública ya no es suficiente.
«Ya no basta la denuncia pública como el único mecanismo de defensa no formal que ha dejado la dictadura de Nicaragua. Es urgente desarrollar creativamente mecanismos nuevos para la defensa de los derechos humanos de forma más efectiva, ante un régimen de terror», abogó el Cenidh en un documento.
Ese organismo alertó que en los últimos días 17 personas han sido acusadas de «traición a la patria», «noticias falsas» y «menoscabo contra la integridad nacional».
El Cenidh, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), señalan al Gobierno del presidente Daniel Ortega como responsable de mantener en prisión a más de 205 «presos políticos», y de ataques armados contra opositores que dejaron al menos 355 muertos en las manifestaciones antigubernamentales de 2018, de los cuales el mandatario ha admitido 200.
Los sucesos de 2018 hundieron a Nicaragua en una crisis que se agudizó con las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en un proceso cuya legitimidad fue rechazada por parte de la comunidad internacional debido a que se desarrolló con siete aspirantes presidenciales opositores en la cárcel y dos en el exilio.
«Los impostores, con demostraciones de fuerza, siguen sembrando el miedo y el terror, pregonando además sus ‘buenas obras’, sus mentiras, su falsa realidad, contra esto tenemos que seguir luchando, conocer la verdad, para alcanzar la justicia, ante lo cual se impone el deber de protección de los estados democráticos del mundo», sostuvo la organización humanitaria.
El Cenidh insistió en que la denuncia pública ha perdido fuerza en Nicaragua, porque «las fuentes que conocen la verdad, están silenciadas, amordazadas y bajo amenazas de muerte», además que «el Poder Judicial no es independiente, la Procuraduría de Derechos Humanos calla y se vuelve inexistente».
La organización señaló que Nicaragua vive «niveles de represión (que) no tienen precedentes en la historia» del país, ya que las «víctimas son personas inocentes, sustraídas de sus hogares, convertidas en rehenes u obligadas a huir».
También que la mayoría de personas capturadas «están presas en el centro de tortura El Chipote, aislados, incomunicados, sin comer, personas que tienen familias llenas de miedo, personas inocentes convertidas en víctimas de una dictadura irracional».
Ortega insiste en que en 2018 se defendió de un supuesto golpe de Estado fallido, en el que habrían participado algunos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con el apoyo de Estados Unidos, aunque no ha ofrecido pruebas. EFE
