El coordinador del Sistema Penitenciario de Honduras, general Ramiro Muñoz, afirmó este jueves que no se están violando los derechos humanos de los privados de libertad, sino que se están garantizando los derechos de más de 10 millones de hondureños.
Sus declaraciones surgen en respuesta a las crecientes críticas por el reciente traslado de reos a cárceles de máxima seguridad y la destrucción de celdas lujosas en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, ubicado en el departamento de Francisco Morazán.
Muñoz aseguró que la reubicación de los reclusos fue precedida por una evaluación rigurosa y detallada. “Nadie quiere enfrentarse a los delincuentes del país, pero los militares hemos puesto orden al sistema penitenciario”, expresó.
El funcionario lamentó que, pese a los avances en la recuperación del control en los centros penitenciarios, persisten las críticas hacia las acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas. En ese sentido, subrayó que las medidas buscan frenar el accionar del crimen organizado que opera desde las cárceles, afectando gravemente la seguridad ciudadana.
“Insisto: estamos protegiendo los derechos de los hondureños buenos, los que quieren vivir en paz. Es incongruente que algunos defensores de derechos humanos exijan privilegios para quienes han sido condenados por asesinar, robar o traficar drogas”, remarcó.
Finalmente, reiteró que el objetivo de la intervención militar en los centros penales no es violar derechos, sino salvaguardar a la población. “No se están violando los derechos de los privados de libertad; en cambio, se están protegiendo los derechos de más de 10 millones de hondureños”, concluyó.
