Nasralla acusa a Redondo de evadir principios al no debatir su renuncia

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Tegucigalpa.- El designado presidencial, Salvador Nasralla, criticó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, argumentando que este ignoró el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al no tramitar su renuncia mediante un análisis jurídico constitucional unilateral durante la madrugada en el hemiciclo.

«Desarrolló temas sobre restricciones a los derechos políticos. La jurisprudencia de la CIDH explica claramente que estas restricciones deben estar previamente establecidas en la ley, ser proporcionales y necesarias», expresó en el programa Frente a Frente de Canal 5.

Nasralla también argumentó que las razones presentadas por Redondo para no discutir su renuncia y permitirle participar en las elecciones de 2025 no se aplican a él, ya que son prohibiciones dirigidas al presidente para evitar la reelección, según los artículos 321, 322, 323, 324 y 374 de la Constitución y 1 y 22 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que mencionó.

Además, señaló que la Constitución establece que el Congreso Nacional tiene la facultad de aceptar o rechazar la renuncia del designado presidencial, siendo esta una decisión del Pleno de diputados y no del presidente del Congreso. «Él solo leyó un montón de papeles y no lo sometió al Pleno», enfatizó.

En cuanto a sus aspiraciones presidenciales, Nasralla afirmó que su única restricción sería haber ejercido funciones seis meses antes de las elecciones generales. «Puedo renunciar, pero debo hacerlo antes del 30 de mayo de 2025, por eso comencé desde ahora, conozco la situación en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ejemplos para ‘Mel’ Zelaya, quien es el jefe de Luis Redondo, su títere en el Congreso», añadió.

Por su parte, Luis Redondo reafirmó su compromiso de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, negándose a tramitar una solicitud que viole la Constitución y sus principios fundamentales. También rechazó cualquier forma de reelección presidencial, considerándola un delito imprescriptible que no debe imponerse a los congresistas, destacando la importancia de respetar el Estado de Derecho y la Carta Magna.