Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, y el fiscal de Delitos Contra la Vida, Roberto Blen, reconocieron hoy lunes que armas y municiones de la Policía Nacional fueron utilizadas en la matanza de 46 mujeres, hecho ocurrido en la cárcel de Támara el 20 de junio del 2023.
El ministro Gustavo Sánchez aceptó además que en otros crímenes también se han cometido con armamento oficial del Estado hondureño.
Aunque ambos funcionarios matizaron sus afirmaciones, los dos reafirmaron lo expresado el 29 de noviembre por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, cuando responsabilizó a la policía hondureña de ser participe en la tragedia ocurrida en la cárcel de mujeres de Támara.
“Jamás hemos girado una orden arbitraria, al contrario, capacitamos para deconstruir esquemas mentales impuestos en los últimos años”, aseveró el ministro Sánchez durante el foro televisivo Frente a Frente en cuyo plató participa en vivo la comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, quien acusó a la policía de obstruir su trabajo al no responder con diligencia las peticiones de información necesaria en el contexto del caso.
Siempre sobre la matanza de las mujeres Sánchez externó que no era necesario entrar en los detalles del caso, “ya el abogado Blen (fiscal de Delitos Contra la Vida) nos ha ampliado lo que se está haciendo”.
Detalló que se investigan a las autoridades que estaban al frente del centro penitenciario femenino, así como a toda la cadena que tenía responsabilidad en la custodia, externó el ministro de Seguridad.
Asimismo, el ministro de Seguridad aceptó que es cierto que en las muertes de las mujeres hubo uso de munición policial, pero justificó que en este país entraron armas y hasta una aeronave que no estaban en los almacenes de la institución.
“Destacamos que en esta administración no se han sacado municiones y armas”, enfatizó para luego decir que han ocurrido otros hechos violentos en las que también se han encontrado armas oficiales.
De su lado el fiscal de Delitos Contra la Vida Roberto Blen también participó en el foro vía telefónica para aceptar que, si hubo munición oficial durante la matanza, sostuvo que “lamentablemente sí, eso fue una evidencia en la pericia”, pero nos dispensamos de expresar criterio “porque no exponemos a la policía, sino al Estado hondureño”.
La comisionada de Derechos Humanos Blanca Izaguirre de su lado pidió al ministro de Seguridad desbloquear la información y entregarla al comisionado de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la institución y evitar las dificultades de que el organismo humanitario es objeto para verificar en las cárceles el manejo de las funciones públicas inherentes.
Ricardo López, un funcionario del Conadeh que también participaba en el Frente a Frente dirigido por Renato Álvarez, y también externó su preocupación por la participación del ministro de Seguridad, que además de aceptar la participación de altos oficiales policiales en la tragedia de mujeres de Támara también se hayan cometido delitos con armas del Estado.
La comisionada Izaguirre llamó al ministro Sánchez a brindar la debida protección a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, y a no exponerla, brindando información detallada sobre la información de su seguridad.
Los funcionarios del Conadeh clamaron por solucionar el problema de autogobierno que prima en el sistema penitenciario hondureño.
