Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha reactivado una agenda dura en materia migratoria, educativa y financiera que ha colocado a millones de migrantes, especialmente latinoamericanos, en una situación de mayor vulnerabilidad. La comunidad migrante, en particular la hondureña, ve con preocupación cómo se endurecen las condiciones para permanecer, estudiar, trabajar y enviar apoyo económico a sus familias.
Las medidas migratorias han sido especialmente severas. Se suspendió el sistema de asilo, permitiendo deportaciones inmediatas sin el debido proceso. La política de “Permanecer en México” fue reinstaurada, forzando a solicitantes a esperar en ese país mientras sus casos son procesados. Además, aunque bloqueada por tribunales, se firmó una orden ejecutiva para eliminar el derecho a ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados.
Una nueva iniciativa, llamada “Project Homecoming”, ofrece incentivos económicos para la autodeportación, incluyendo vuelos gratuitos y un bono de mil dólares, medida que ha sido criticada por considerarse una forma encubierta de presión para abandonar el país.
En el ámbito educativo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14190, la cual prohíbe la enseñanza de temas considerados “antiestadounidenses” como la teoría crítica de la raza y la ideología de género. Esta orden también habilita la persecución legal contra educadores que acompañen procesos de identidad de género en menores, afectando directamente a familias migrantes que buscan una educación inclusiva.
En el terreno financiero, la Cámara de Representantes aprobó un impuesto del 3.5% al 5% sobre remesas enviadas al extranjero por migrantes sin estatus legal permanente. Esta medida amenaza la economía de países como Honduras, donde las remesas representan una fuente vital de ingresos.
Ante este panorama, los migrantes enfrentan un endurecimiento de políticas que no solo obstaculizan su integración, sino que también restringen sus derechos más fundamentales.
