Miami.- Varios centenares de personas protestaron este sábado en Homestead, una ciudad agrícola al sur de Miami, contra la ley migratoria SB1718, que entró en vigor este 1 de julio en Florida, y para defender la contribución de los inmigrantes a la cultura y la economía de este estado.
Más de medio millar de personas, de todas las edades y en su mayoría mexicanos y centroamericanos que trabajan en los campos de cultivo y sus familias, se congregaron frente a la Alcaldía con banderas y carteles alusivos a una ley estatal que es considerada la más dura contra la inmigración irregular de todo EE.UU.
Después de escuchar a diversos dirigentes comunitarios y religiosos y presenciar la actuación de grupos folclóricos, los participantes iniciaron una marcha por la ciudad, una de las muchas de Florida en las que este sábado se escuchó a los inmigrantes pedir que se frene la vigencia de la ley y se protejan sus derechos.
«Sin los sin papeles como los trabajadores del campo y todos los otros que hacen los trabajos duros, la Florida se cae», dijo a EFE Antonia Catalán, una activista mexicana de la organización Soy Poderosa, que ayuda a las mujeres inmigrantes en el sur del estado.
Catalán, que también criticó las restricciones al aborto legal y otras leyes promovidas ir el gobernador Ron DeSantis, estuvo desde temprano en la plaza donde se hizo la concentración con el lema “Libertad para todos”.
La activista mexicana sostuvo que existe «pánico» entre los indocumentados que han decidido quedarse en Florida, al contrario que otros muchos que han puesto rumbo al norte para trabajar en estados como Georgia y Carolina del Norte y Carolina del Sur.
«Ahora que entró en vigor la ley no quieren salir de sus casas», señaló Catalán, quien dijo haber invitado a unas personas a sumarse a la marcha, pero le dieron un «no» como respuesta.
Otra mujer, Rosa Elera, portavoz de Florida Immigration Coalition (FLIC), también reconoció a EFE que la comunidad está «asustada», pero instó a los inmigrantes a luchar por sus derechos y confiar en que las organizaciones de la comunidad los protegerán.
Esta ley que hoy entró en vigor iba a ser mucho más dura pero la presión hizo que el Congreso de Florida, dominado totalmente por el Partido Republicano, la «suavizara», subrayó.
Según Elera, inicialmente iba a estar penado vivir con personas indocumentadas aunque fueran de la misma familia.
«Tenemos que tener fe y alzar la voz, no nos van a intimidar», dijo la activista.
Este mismo sábado un grupo de organizaciones civiles anunció que presentará la primera demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida por violar «los derechos fundamentales» de las personas radicadas en este estado sureño.
La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, alega que esta ley «discriminatoria» representa «una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado», no solo para los inmigrantes.
«La SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia», dijo Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center.
La demanda se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
La ley fue promovida por el gobernador DeSantis, que es candidato a las primarias republicanas con vistas a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral.
La demanda se centrará específicamente en las disposiciones de la Sección 10, que criminaliza el transporte a Florida de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin inspección federal.
La SB 1718 obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno, so pena de multas y pérdida de la licencia.
Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no, entre otras disposiciones. EFE
