Tegucigalpa.- Los juicios por el procedimiento de comparecencia inmediata para los autores de los disturbios que sacuden Francia desde hace una semana ya han llevado a la cárcel a 350 personas, y varios cientos más deben pasar por los juzgados en los próximos días.
La primera ministra, Élisabeth Borne, indicó este martes que hasta ayer cerca de 700 personas habían sido presentadas ante un magistrado con vistas a su inculpación y otras 800 estaban a la espera.
Borne, que comparecía en la sesión de control del Gobierno en la Asamblea Nacional, recordó que el titular de Justicia, Éric Dupond-Moretti, emitió una circular dirigida a los fiscales para pedirles «una respuesta rápida, firme y sistemática para todos los autores» de altercados.
Esa circular incluye también una directiva para reclamar sanciones penales para los padres de menores de edad que no se preocupan de controlarlos y que los dejan participar en los disturbios que se vienen produciendo desde que el 27 de junio, cuando un joven de 27 años murió por un tiro de un policía en Nanterre al tratar de escapar de un control con un automóvil que conducía sin carné.
Desde entonces, han sido arrestadas casi 3,500 personas, en su inmensa mayoría muy jóvenes, puesto que la edad media es de 17 años; alrededor de un tercio son menores de edad, que no pueden ser juzgados por el procedimiento de comparecencia inmediata ni tampoco ir a la cárcel.
La primera ministra insistió en el mensaje de que «esta violencia no tiene nada qué ver con una revuelta de los barrios» sensibles, como ha podido comprobar en las visitas que ha hecho, en las que lo que ha percibido por parte de la población es «incomprensión» y «enfado».
«ESTA VIOLENCIA NO REPRESENTA A LA JUVENTUD»
«Esa violencia es inexcusable y no representa a la juventud de nuestro país», subrayó Borne, que cargó contra los diputados de La Francia Insumisa (LFI), en particular contra su líder, Jean-Luc Mélenchon, por no quererse sumar a los llamamientos a la calma y por sus constantes críticas a la actuación policial.
«Buscan culpables en todas las instituciones republicanas, pero no entre los autores de la violencia», le espetó a la presidenta del grupo de LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, a la que reprochó que se decanten por «la brutalidad verbal» y por «la excusa constante de la violencia».
«Mientras ustedes dan excusas a los culpables, nosotros nos esforzamos por restablecer el orden republicano», concluyó.
Al mismo tiempo, el presidente de la República, Emmanuel Macron, reunió en París a 300 alcaldes de localidades afectadas por los altercados, a los que dijo que su «prioridad absoluta» es restablecer de forma duradera el orden, aunque se mostró «muy prudente» sobre si eso va a llegar en los próximos días y en las próximas semanas.
UNA LEY URGENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN
El número de detenidos en la noche del lunes al martes, 72, es netamente inferior a los 157 de la noche precedente y de los 400 de la anterior. En ese contexto, se va a ampliar hasta las 22.00 horas la circulación de autobuses y tranvías, que estaba restringida para evitar los ataques nocturnos.
Macron prometió a los alcaldes una ley con carácter urgente para acelerar la reconstrucción de todo lo que se ha destruido en la última semana, que incluye varios cientos de edificios públicos, como ayuntamientos, escuelas, bibliotecas o comisarías.
También han sido desvalijados cientos de comercios y varios miles de vehículos fueron incendiados. La patronal Medef calcula que los daños económicos superan ya los 1,000 millones de euros (1,090 millones de dólares), sin tener en cuenta el posible impacto para la imagen de Francia, con el efecto que eso pueda tener para el turismo en primer lugar.
A ese respecto, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, avanzó que se va a examinar un escalonamiento del pago de las cotizaciones sociales o fiscales de las empresas afectadas e incluso la anulación, una decisión que se tomará «caso por caso».
«Haremos todo lo necesario para que la actividad económica se pueda reanudar lo más rápido posible», aseguró Le Maire en una visita a la ciudad de Arpajon, en la región de París.
El ministro anunció que los seguros han aceptado aumentar el plazo para presentar una declaración de siniestro de cinco a treinta días y una indemnización con celeridad. EFE
