Las claves de la «megaley» que marca el futuro inmediato de Argentina

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Congresistas argentinos participan el pasado viernes en una sesión del Senado, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires – La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que sacó adelante el Gobierno argentino del peronista Alberto Fernández se aprobó este sábado después de una ardua y prolongada discusión en el Parlamento, con cruces entre el oficialismo y la oposición.

Mientras el Ejecutivo ha insistido en que la ley es necesaria para poner a «Argentina de pie» -el lema de campaña de Fernández-, la coalición opositora Juntos por el Cambio ha criticado el proyecto, entre otras cosas porque considera que otorga «superpoderes» al Gobierno, e incluso la izquierda lo ha criticado porque, además de eso, considera que sigue beneficiando a empresas y no a los trabajadores.

Tanto la Cámara de Diputados como el Senado dieron su sí a la ley, por lo que entrará en vigor. Aquí van algunas claves del proceso:

– UN MEGAPROYECTO PARA ARRANCAR MANDATO

La ley con la que se estrena Alberto Fernández, cuya vicepresidenta es Cristina Fernández, declara una emergencia múltiple en un país que vive una severa crisis económica desde abril de 2018, con alta inflación, devaluación de la moneda local, el desempleo en el 9,7 %, la pobreza alrededor del 40 % y una elevada deuda. El Gobierno quiere renegociar los plazos de pago de gran parte de ella con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2018 otorgó un crédito de 56.300 millones de dólares a Argentina.

En el mismo texto, se declara que el país se encuentra en emergencia «económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional (jubilatoria), tarifaria, energética, sanitaria y social». Un total de nueve emergencias distintas.

– PODERES ESPECIALES

Los diputados del macrista Juntos por el Cambio han criticado con dureza que el proyecto de ley de solidaridad lleva consigo una ampliación de los poderes del Ejecutivo. «Facultar» es uno de los verbos que más aparece en el documento: se atribuye a los ministerios la capacidad de dictar normas complementarias a la ley principal.

Para evitar más discordia de la ya existente, el Gobierno aceptó eliminar uno de los artículos más polémicos del proyecto, el número 85, que en un principio facultaba al Ejecutivo a «efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias».

El diputado opositor Luis Petri llegó a decir que aprobar el proyecto daría «un cheque en blanco» al Gobierno.

– IMPUESTO A LA COMPRA DE DIVISAS Y AL TURISMO EXTERIOR

Uno de los puntos de la ley sobre los que más se ha discutido desde que el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara el proyecto, es el impuesto a la compra de moneda extranjera, en un país donde la mayoría de la población que puede ahorrar lo hace en dólares, producto de la debilidad del peso argentino.

La ley prevé un recargo del 30 % para la compra de divisa extranjera y además se impone otro 30 % a la compra de viajes al exterior, así como para las compras con tarjetas bancarias argentinas en el extranjero.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados se introdujo un cambio de última hora, puesto que se decidió eximir de la medida a los billetes comprados en pesos a países fronterizos.

– SEGÚN EL GOBIERNO, LAS MEDIDAS AYUDAN A LOS QUE MENOS TIENEN

Alberto Fernández ha recalcado mediante su cuenta en Twitter que desde el Gobierno quieren ser «claros y transparentes» en sus propósitos, e indicó que solo les importa que «la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal».

El presidente celebró la media aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, al asegurar que ésta da un paso para «acotar el aumento de tarifas del gas y la luz, ofrecer planes de regularización impositiva para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y atender la emergencia sanitaria», así como que va «en auxilio» de los que cobran la jubilación mínima.

Martín Guzmán, por su parte, dijo que si no se sanciona la ley, sería muy difícil para el país tener las condiciones que necesita para empezar las conversaciones con el FMI, ya que Argentina tiene una carga de deuda «imposible de sostener» y, para ello, tiene que mostrar que puede establecer un sendero fiscal y externo consistente.

– POLÉMICA ALREDEDOR DE CÓMO AFECTA A LOS JUBILADOS

La oposición, casi en bloque, considera que la ley significa un ajuste que golpea en concreto a los jubilados. El Gobierno, a través del ministro de Economía, aseguró que quiere «mejorar la situación de los jubilados», pero indicó que se da de plazo los próximos 180 días para encontrar una solución definitiva.

El minoritario Frente de Izquierda, encabezado por Nicolás del Caño, también advirtió de que el texto le da «superpoderes» al Gobierno, y se centró en criticar que la ley sigue afectando a personas como los jubilados con unos ingresos ligeramente superiores a la mínimos, mientras que «no les tocan un centavo» a empresas como las petroleras y los bancos.

El nuevo esquema planteado por el Ejecutivo levantó ampollas también en sindicatos como el de los trabajadores de la educación argentinos, que aseguró que a los jubilados del rubro les perjudica mayoritariamente la ley, por sus características, más allá de los bonos de 5.000 pesos que la ley prevé para los dos próximos meses.

Del Caño coincidió, paradójicamente, con el diputado macrista Waldo Wolff, en apuntar al elevado sueldo de los diputados. Wolff pidió que, ya que les van a «congelar» las jubilaciones a muchas personas, también se congelen los sueldos de «todos los políticos» de Argentina en 2020.

En otra polémica modificación durante la sesión de la Cámara Baja, se decidió que el ajuste en las jubilaciones no afecte por el momento a ex altos cargos políticos y judiciales, pero Fernández se comprometió a tratar un proyecto de ley que «termine» con las jubilaciones de privilegio en el futuro.

– 180 DÍAS CLAVES

En el proyecto de ley, el Gobierno se da 180 días para sentar las bases de la solución a la crisis. Ese será el tiempo que regirá un congelamiento de tarifas.

Después de ese tiempo, el Ejecutivo peronista se planteará modificar tanto esas medidas como el ajuste de otros gastos como las jubilaciones y las prestaciones sociales.

– SUBIDA DEL DÓLAR EN EL MERCADO NEGRO

Desde que se reveló el proyecto, que se suma a la ya existente restricción cambiaria impuesta por Macri y que limita la compra de dólares a 200 por mes, el precio de la moneda estadounidense se elevó en el mercado negro, aunque retrocedió un poco el viernes: mientras el dólar oficial se vende por 63 pesos, el llamado dólar informal o dólar «blue» cerró el viernes a 75 pesos, mientras un día antes había alcanzado los 75,75 pesos.

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