Tegucigalpa .- La universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), manifiesta su preocupación por la violación constitucional y los daños que se ocasionan con la creación de las ZEDES y propone regir al país a través de un nuevo contrato social que involucre a todos los sectores.
En un comunicado público, acreditado a la Rectoría en conjunto con un equipo de profesores e investigadores de diversas ramas del conocimiento, la UNAH hace manifiesta su posición y llama “a todos los sectores productivos, gremios profesionales, obreros, campesinos, empresarios, academia, asociaciones ciudadanas y a la ciudadanía en general, al establecimiento de un diálogo abierto que sirva de punto de partida para la instauración de un nuevo contrato social que involucre a todas y todos sin distinción. Solo así podremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben ser la luz que oriente nuestro camino hacia el bienestar”, indican en su pronunciamiento.
Después de razonar sobre el devenir histórico y enumerar actos y decisiones que han afectado la prosperidad del país y han generado enormes daños, la UNAH, de forma clara, manifiesta su preocupación por la violación constitucional y los daños que se ocasionan con la creación de las ZEDES.
“Lo más preocupante es que este desorden esté siendo promovido desde el mismo Estado, en abierta desobediencia a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, las ZEDES constituyen la MAS GRAVE VIOLACIÓN AL ESTADO DE DERECHO QUE SE HA REGISTRADO EN LA HISTORIA DEL PAÍS”, indica el comunicado universitario.
En ese contexto, la máxima casa de estudios de Honduras llama al Congreso Nacional a derogar las acciones emanadas del Decreto 236- 2012, que reforman la Constitución de la República, así como el Decreto 120-2013 y toda la normativa derivada, para recobrar la institucionalidad.
Entre otras razones la academia pondera que existe una amenaza a la “integralidad ambiental” y al territorio ya que, las zonas hondureñas fuera de las ZEDES podrían ser usadas de depósito de desechos que deterioren ambientalmente y sean fuentes de contaminación.
Igualmente, manifiestan que el país necesita de un proceso político que facilite el crecimiento económico con equidad, que permita una acelerada generación de empleo digno, para lo que proponen considerar las particularidades de cada territorio y promover incentivos en respeto a la ley y al ambiente.
Asimismo, señalan la conculcación a varios preceptos constitucionales, tratados internacionales suscritos por el Estado, particularmente el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al desconocer el derecho de los pueblos originarios asentados en dichas zonas, a los territorios y recursos naturales y a la consulta libre, previa e informada, así como a un conjunto de otras leyes, impactando de manera negativa sobre los indicadores del Estado de Derecho.
