Tegucigalpa. La tesis que presenta el gobierno para no renovar el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) es que este tratado debía ser aprobado por el Congreso Nacional y si no ocurría se estaría violando la Constitución de la República.
Así lo explicó el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz quien junto al Canciller de Honduras, Lisandro Rosales comparecieron ante medios de comunicación en donde afirmaron que «los tiempos no ajustaron» para llegar a un consenso con la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a la MACCIH aunque fueron determinantes las opiniones del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Díaz manifestó que todos los convenios, como el de la MACCIH, deben ir al Congreso Nacional para ser refrendados, pero “si bien es cierto el tratado dice que deben de haber un intercambio de notas como una expresión de voluntades de continuar con el convenio entre el presidente de la República y el secretario general de la OEA , ese es el paso inicial, una vez que se da el canje de notas debe ir al Congreso Nacional para su correcta aplicación”.
Subrayó que “el propósito de este convenio que llega a su final siempre fue fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones hondureñas, no se puede pedir el fortalecimiento del Estado de Derecho violentando la Constitución. La Ratificación del convenio de la MACCIH era imprescindible.
Manifestó que el presidente Juan Orlando Hernández siempre tuvo la voluntad de renovar el convenio con la OEA , sin embargo “todos saben que hubo un pronunciamiento a través del Congreso Nacional, hubo un informe aprobado por más de 70 votos, puede ser que muchos no estén de acuerdo con ello, pero es un poder del Estado y nosotros no podemos menospreciarlo”.
Dijo que hubo otro pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al mismo convenio, al igual que manifestaciones de otras instituciones del Estado, así como voces de abogados reconocidos que denunciaron ser afectados por las acciones de la Misión Anticorrupción.
Mencionó que más ellos plantearon un mecanismo que ampliaba el convenio, sin embargo en el transcurso de las negociaciones con la OEA, desafortunadamente los tiempos no fueron suficientes, sobre todo porque hubo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Gerencia Administrativa del Congreso Nacional en el sentido de despejar las dudas si era suficiente un canje de notas para dar extensión o vida o prórroga al convenio entre Honduras y el Secretario General de OEA.
“En los próximos días se va a presentar un plan que permita, y que también el pueblo hondureño conozca, cómo vamos a seguir combatiendo la corrupción y la impunidad”, detalló.
Por su parte el canciller, Lisandro Rosales recordó que a finales de diciembre de 2019 comenzaron las mesas de trabajo entre la OEA y el gobierno de Honduras, que pretendía llegar a un nuevo convenio. “Honduras proponía el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el respeto al Estado de Derecho.
Para Honduras es importante que cada institución involucrada con la MACCIH tuviera el fortalecimiento institucional y las capacidades para poder hacer sus accionares de manera correcta y profesional, pero sobre todo un respeto a la Constitución de la República”, dijo.
