Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) expresó este jueves su «profunda preocupación» por la sentencia dictada contra seis de ocho ambientalistas que se oponen a un proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
“Reafirmamos que los defensores de Guapinol son defensores de derechos humanos, de la tierra, el territorio y el medioambiente, que ejercen una labor encomiable en favor de la democracia en el país», dijo la representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, en un comunicado de la institución.
Señaló que los ambientalistas «han cumplido más de 29 meses de privación arbitraria de la libertad y, tal como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, corresponde su liberación y reparación integral”.
Los defensores José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino, Porfirio Sorto y Ewer Alexander Cedillo, y Orbin Nahúm Hernández fueron declarados en la víspera culpables de privación injusta de la libertad y daños simples y agravados.
Los otros ambientalistas Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez fueron absueltos de toda responsabilidad penal.
La Oacnudh instó a las autoridades de Honduras a «garantizar la vida e integridad de los defensores condenados y absueltos, dentro y fuera del centro penal, de sus familias, de la comunidad y sus representantes legales».
Señaló además que el Estado de Honduras «es responsable de su seguridad y debe emplear todos los medios para prevenir cualquier incidente en su contra a causa de la estigmatización sufrida durante todo el proceso»
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Estado hondureño debe «garantizar que el derecho a defender los derechos humanos se desarrolle sin ninguna clase de presión arbitraria o abusiva que obstaculice su ejercicio legítimo, lo cual incluye el derecho a no ser objeto de hostigamientos, entre los que se incluye el inicio de acciones penales sin fundamento”, indicó Escribano.
La Oacnudh acompañó y monitoreó el proceso contra los defensores, y su fallo condenatorio se emitió luego de un juicio oral en el que la actuación del Ministerio Público «no se rigió por el principio de objetividad e incumplió el estándar de prueba mínimo que demostrara la culpabilidad de los defensores imputados, ni siquiera llegando a su individualización en la comisión de los delitos».
Lamentó que la prisión preventiva y el fallo condenatorio contra los ambientalistas presentan «indicios de falta de imparcialidad y carencia de motivación, lo que se traduce en violación de las garantías del debido proceso y del derecho a un juicio imparcial».
CONSTRUIR MODELO DE DESARROLLO EQUITATIVO
Escribano afirmó que el caso de Guapinol «no es solamente la causa de los ocho defensores, ni de la comunidad de Guapinol, es una causa que debe involucrar a todo el Estado de Honduras a construir un modelo de desarrollo económico equitativo y sostenible que garantice los derechos de las comunidades afectadas y contribuya a la calidad de vida de la población en general”.
La Oacnudh subrayó que la labor de las personas defensoras de derechos humanos «es fundamental» en un Estado «democrático, habiéndose reconocido internacionalmente su contribución a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones sociales y políticas, a consolidar la paz a nivel nacional e internacional y a promover la toma de conciencia con respecto a los derechos humanos en el plano nacional e internacional».
Además, instó a la Sala Constitucional a dar una «pronta resolución de los recursos de habeas corpus y de amparo», con el objetivo de «garantizar una protección judicial efectiva de sus derechos y evitar demoras injustificadas en la emisión de la sentencia y en el acceso a otros recursos judiciales». EFE
