Tegucigalpa.- Con la derogación y reformas de los decretos 57-2020 y 93-2021, el gobierno de Honduras ha cumplido cinco de los 15 compromisos para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Así lo señaló este viernes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a través de su cuenta en la red social Twitter.
“A siete meses de la firma del memorándum de entendimiento con la Organización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de Honduras ha cumplido cinco de los 15 compromisos para la instalación de la CICIH”, señaló ASJ.
Los compromisos del Gobierno
Los compromisos de la primera fase establecidos el pasado 15 de diciembre en el memorando firmado entre el Gobierno de Honduras y la ONU son los siguientes:
Evaluar, los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento, incluido en relación con el ejercicio independiente de la acción penal público.
En segundo lugar, en colaboración con otras entidades del sistema de Naciones Unidas, brindar apoyo y asistencia técnica en la formación y el entrenamiento del personal a cargo de la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto incluidos los tres poderes y otras instituciones del Estado.
Así mismo, determinar las actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y el Sistema Judicial.
Referente a las acciones a realizar desde el Congreso Nacional, hacer reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; la abrogación del decreto 116-2019 (creación del fondo departamental) que limita las funciones del Ministerio Público; modificaciones a las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación del lavado de activos y fideicomisos.
Además, el memorando establece que se deben aprobar los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios para el ejercicio independiente de la acción penal pública.
Los avances
A siete meses de la firma del memorándum de entendimiento entre la ONU y el Gobierno de Honduras, se ha cumplido con la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, y las reformas al artículo 77 y el 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Esta semana, en la primera sesión tras el receso legislativo, los diputados del Congreso Nacional derogaron decretos que representaban pactos de impunidad, otorgaban blindaje a los corruptos a través del lavado de activos y el secreto bancario.
El decreto 93-2021 está relacionado con la Ley de Lavado de Activos y el financiamiento contra el terrorismo, mientras que el decreto 57-2020, consistía en quitarle la facultad al Ministerio Público la acción de acusar cuando hay indicio racional de corrupción y sustraer documentos de las entidades del Estado.
“Con la creación de los TDR (término de referencia) de los expertos y la derogación de los 2 pactos de impunidad, el gobierno ha cumplido 5 de los 15 compromisos para la instalación de la CICIH”, indica el capítulo de Honduras de Transparencia Internacional en su tuit.
Fuente: Proceso Digital
