Ciudad de Guatemala – Varios expertos coincidieron este jueves en que Latinoamérica podría encontrarse en la antesala de una época de conflictos, a causa de la «guerra judicial» e instrumentalización de la justicia que viven algunos países de la región.
La conclusión a la que llegaron los expertos tuvo lugar durante un foro virtual organizado por varias entidades guatemaltecas que defienden el Estado de Derecho, con la participación de diversos panelistas extranjeros.
Los abogados y juezas convocados señalaron los vicios de los sistemas judiciales, manipulados por grupos de interés que violentan en cada país a la justicia mediante estrategias maliciosas, podrían derivar en guerras de diferente intensidad.
Este escenario de pugna legal fue definido por el doctor en derecho de la Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, Rafael Valm, como «lawfare», un anglicismo que aglutina los términos «law» o ley y «warfare» o guerra, donde una de las partes es muy superior a otra y cuyo uso se ha esparcido por todo el mundo.
Valm describió este fenómeno durante el foro como «una forma de conquistar o instrumento de colonización que subvierte el derecho constitucional», y que principalmente se usa en la región latinoamericana con «las normas anticorrupción», por su «simbolismo» que debilita «de una manera muy grave a los señalados o acusados, principalmente opositores de los regímenes».
El catedrático aseguró que el caso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quedó fuera de la elección de 2018 de Brasil que dejó a Jair Bolsonaro como vencedor, es un caso ejemplar, pues se valió de todos los elementos de «guerra legal espuria, fraudulenta, con la participación necesaria de los medios de comunicación».
Por su parte, el profesor de derecho constitucional y estudios críticos del derecho en la Universidad de Buenos Aires, el argentino Lucas Arrimada, enfatizó que «las noticias falsas, la cultura, la guerra política, judicial y periodística es parte de esa instrumentalización de la justicia».
Arrimada aseguró que no se trata de un fenómeno nuevo, pero que sí uno que ha explotado con las redes sociales y que constantemente ha sido negado y, por tanto, enraizado aún más.
LA TENSIÓN CENTROAMERICANA
Dos protagonistas de la justicia de Centroamérica coincidieron en la gravedad de la situación en sus países, como el caso de Guatemala y El Salvador, según la jueza de Mayor Riesgo «D», Erika Aifán, y el director de litigio estratégico de la organización humanitaria Cristosal, Abraham Abrego, respectivamente.
Aifán insistió, tal como lo había hecho en compañía de otros tres jueces de alto riesgo el mes pasado públicamente en Guatemala, que ha sido víctima de procesos espurios en su contra con casos sin base legal y que han permanecido vigentes pero inmóviles en diversas agencias fiscales durante al menos nueve años.
Hace un mes Aifán y sus colegas demandaron a la fiscal general, Consuelo Porras, que desestime estas denuncias que son usadas como hostigamiento y acoso cibernético, aunado a seguimientos en la vía pública y persecuciones, dentro y fuera de las instituciones públicas.
En Guatemala, enfatizó la jueza, «se ha cuestionado la integración de órganos jurisdiccionales», una situación que da pie a este «lawfare» al minar la justicia y el estado de derecho del país centroamericano.
Colindante con Guatemala, El Salvador no es ajeno a estas prácticas incluso desde las propias esferas del poder, a decir de Abrego.
El director de litigio estratégico de Cristosal advirtió que desde que en mayo asumió la nueva legislativa y se dieron los cambios abruptos en la Fiscalía y en la Sala de lo Constitucional, «el uso de las instituciones públicas, en particular las de persecución penal, para atacar a adversarios, se ha agravado».
Además, subrayó que hay medios «que están siendo perseguidos con investigaciones que inician desde la perspectiva fiscal sin sustento, que se agudiza al obligarlos a retirar publicaciones y con restricciones a la libertad de expresión», concluyó.
El foro de este jueves, denominado «Lawfare en Latinoamérica, la instrumentalización de la justicia penal», fue organizado por la entidad Alianza por las Reformas y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, entre otras. EFE
