Hondureño erróneamente condenado a muerte demanda a responsables de pesadilla

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Al enterarse de una presunta reincidencia por parte del joven, la turba resolvió enterrarlo vivo, explicó la Fiscalía de Cochabamba.

Miami – El hondureño Clemente Javier Aguirre Jarquín, que pasó más de 14 años en la cárcel, diez de ellos en el pabellón de la muerte, por dos asesinatos que no cometió, demandó en Florida a quienes considera responsables de una «pesadilla» en parte motivada por «prejuicios» hacia los inmigrantes indocumentados.

Aguirre, que tenía 24 años y trabajaba como lavaplatos en un restaurante de Florida cuando dos vecinas suyas fueron asesinadas en 2004, demandó al condado de Seminole, a un vicealguacil, a una analista de escenarios de crímenes y a una examinadora de huellas dactilares, según documentos judiciales a los que Efe tuvo acceso.

El juez Roy B. Dalton Jr., del distrito judicial de la zona central de Florida, con sede en Orlando, rechazó una primera demanda por razones de procedimiento, pero los abogados de Aguirre presentaron una nueva este martes en la que desglosan la responsabilidad atribuida a cada uno de los demandados.

Lo que los abogados de Aguirre definen como el «trágico caso» de un inocente «erróneamente acusado y sentenciado (a muerte)» es digno de un documental televisivo.

Después de muchos reveses judiciales, Aguirre con quien Efe trató infructuosamente de ponerse en contacto, fue exculpado totalmente y quedó libre en 2018 con ayuda de la organización Innocent Project, pero incluso después de eso un juez rechazó una petición para ser compensado económicamente por el estado de Florida.

Ahora busca que los demandados sean quienes le compensen por los daños de haber estado más de 14 años en prisión por los asesinatos con arma blanca de Cheryl Williams, de 47 años, y su madre, Carol Bareis, de 68, residentes en una casa rodante en Altamonte Springs cercana a la que Aguirre habitaba junto a dos mexicanos.

Cheryl Wiliams recibió 129 puñaladas.

En la demanda se afirma que los demandados se centraron en él como sospechoso motivados «consciente o inconscientemente» por sus prejuicios «hacia los inmigrantes indocumentados de países de Centroamérica».

«La pesadilla de Clemente fue resultado directo de que la Oficina del Alguacil del condado de Seminole no llevó a cabo una investigación constitucionalmente adecuada, libre de estereotipos raciales y falsas presunciones», señala la demanda.

«En resumen, los demandados ignoraron la evidencia sustancial que indicaba que Samantha Williams, hija de Cheryl y nieta de Carol, fue la que perpetró los asesinatos», agrega el texto.

Como resultado de su «errónea condena», Aguirre «ha sufrido y aún sufre un daño psicológico extraordinario».

Innocent Project en su relato del caso de Aguirre indica que Samantha Williams, que vivía en la misma casa que las asesinadas pero, según dijo, había pasado toda la noche en casa de su novio, afirmó desde el principio a los agentes del condado que tenía fuertes sospechas de que el autor era el inmigrante hondureño.

Aguirre, que en principio dijo no saber nada y luego confesó haber entrado de madrugada a la casa de sus vecinas en busca de cerveza y haberlas encontrado muertas, fue acusado de los dos asesinatos.

En su casa se hallaron algunas ropas con sangre de las dos mujeres y en el arma homicida, que la policía encontró fuera de la casa, unas huellas dactilares que la especialista demandada dijo que le correspondían a él.

Él defendió su inocencia diciendo que se manchó con la sangre de las dos mujeres al tratar de revivirlas y que tomó el cuchillo que halló en la casa para defenderse porque pensó que el asesino estaba allí todavía, pero fue condenado a muerte en febrero de 2006.

Después de un intento fallido de que la Corte Suprema de Florida anulase el juicio debido a que se conoció que un perito cometió un error en la identificación de las huellas, el caso fue asumido en 2011 por la organización Innocent Project, que ayuda a probar la inocencia de condenados mediante el uso de técnicas genéticas.

Así demostró que el ADN del hondureño no estaba presente en más de 80 pruebas del crimen y que sí lo estaba en algunas el de Samantha Williams, que tenía un historial de problemas mentales.

A pesar de esos descubrimientos y de que varios testigos dijeron que Williams les confesó haber sido la autora de los asesinatos, una jueza denegó la posibilidad de un nuevo juicio en dos ocasiones.

El caso llegó de nuevo a la Corte Suprema de Florida, que en 2016 anuló la condena de Aguirre Jarquín y ordenó la celebración de un nuevo juicio.

El 5 de noviembre de 2018, en medio de la selección del jurado, el fiscal del condado de Seminole retiró las acusaciones.

Sus abogados solicitaron asilo y a comienzos de 2019 reclamaron al condado que un juez le declarase persona condenada erróneamente para poder pedir una compensación económica, algo que le fue negado debido a que los plazos para hacerlo habían expirado.

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