Tegucigalpa.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a Salvador Castro García, un ciudadano hondureño de 46 años acusado de agresión indecente y física a un menor de 14 años.
También conocido como José Luis Sánchez-Cruz, Castro lo detuvieron por la oficina de Ejecución y Remoción (ERO) Boston el pasado 21 de noviembre de 2024, un día después de que el Tribunal de Distrito de Brockton lo liberara bajo fianza.
“Castro está acusado de dañar a un menor, lo cual es inadmisible”, declaró Patricia H. Hyde, directora interina de la oficina de campo de ERO Boston.
Según Hyde, Castro también reingresó ilegalmente a los Estados Unidos tras ser deportado previamente en varias ocasiones.
Un historial de deportación e ilegalidad
Los antecedentes de Castro reflejan un patrón preocupante. Lo arrestó inicialmente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerca de Rio Grande City, Texas, el 6 de marzo de 2001.
Posteriormente, un juez de inmigración ordenó su deportación el 27 de abril de ese mismo año, y lo devolvieron a Honduras el 10 de mayo.
Sin embargo, el hondureño regresó ilegalmente a territorio estadounidense en una fecha y lugar desconocidos.
Este caso muestra las brechas en la seguridad fronteriza y las dificultades que enfrentan las autoridades al intentar frenar el reingreso de personas previamente deportadas.
La importancia de la cooperación entre agencias
ERO Boston presentó una orden de detención migratoria contra Castro el 20 de noviembre de 2024, un día antes de su captura.
Gracias a la colaboración con el Tribunal de Distrito de Brockton y el Centro Correccional del Condado de Plymouth, ICE pudo ejecutar la detención de Castro sin riesgos para el público ni para sus oficiales.
“Siempre estamos agradecidos cuando las fuerzas del orden locales respetan las órdenes de detención”, afirmó Hyde.
Esto permite a ICE capturar a extranjeros potencialmente peligrosos en entornos controlados, reduciendo el peligro para las comunidades.
Su situación
Actualmente, Salvador Castro se encuentra bajo custodia de ICE mientras espera los procedimientos de inmigración.
Su caso también pone en evidencia el papel de las órdenes de detención migratoria en la identificación y el arresto de no ciudadanos deportables.
La detención del hondureño lo expone a una deportación inminente una vez que un Tribunal determine la pena por su cargo.
Con su captura, las autoridades envían un mensaje claro: los delitos contra menores no se toleran y los responsables enfrentarán la justicia.
La comunidad sigue observando con atención el desenlace de este caso, que podría marcar un precedente en la lucha contra el crimen y la inmigración ilegal.
