Tegucigalpa.- Honduras, un país donde hay muchos campesinos sin tierra y reclamarla le ha costado la vida a decenas de ellos en los últimos 50 años, «necesita de una política agraria clara, una revolución agraria y justicia en el campo», dijo este martes en una entrevista con EFE el exfiscal Víctor Fernández.
De esa manera las familias campesinas podrán tener primero acceso a la tierra en condiciones de seguridad y luego condiciones para producir lo que en realidad se necesita y comercializar el producto para vivir con dignidad, subrayó Fernández, director del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED).
«Aquí las mejores tierras están para producir caña de azúcar y palma africana, productos que no son de la canasta básica», enfatizó el exfiscal del Ministerio Público, quien lamentó que ahora no hay suficientes tierras para maíz, fríjoles y arroz, que son alimentos básicos en la dieta de los hondureños.
Añadió que en el país se necesita una política agraria que satisfaga el derecho a la alimentación de la gente, del que se derivan otros derechos como a la salud y la educación.
Las tierras en las que antes se producían granos básicos y ahora caña de azúcar y palma africana, trae beneficios pero solamente para los grupos económicos que tienen el control de la producción de esos monocultivos, afirmó Fernández.
El Gobierno privilegia a terratenientes y agroindustriales
En su opinión, el modelo de producción reproduce la acumulación de la riqueza de unos pocos, dejando una «deuda terrible» que permite que Honduras, «con su vocación agrícola y forestal, sea un país en crisis agrícola, forestal y de hambre, lo que es una contradicción».
Sobre la situación actual del movimiento campesino de Honduras, Fernández expresó que si se le caracteriza con el movimiento popular y social, el de los labriegos «está dando la cara por el movimiento popular, incluso desde antes de este gobierno», que asumió el 27 de enero de 2022 con Xiomara Castro como presidenta del país.
Agregó que el movimiento campesino mantuvo un nivel de reivindicación de demanda de sus tierras que nunca lo dejó, y que eso causó tensión al inicio del actual Gobierno, llevándolo a tomar algunas medidas para bajar el clima tenso en algunas zonas agrícolas como los valles Aguán y Sula, en el norte del país, entre otras.
Lo que ahora se tiene, según Fernández, es un manejo del Gobierno orientado «solo a administrar la crisis en el agro, pero la manera de administrarla termina privilegiando a los sectores de los terratenientes y agroindustriales».
«Se está poniendo el aparato del Estado y del Gobierno al servicio de los sectores agroindustriales a través de las persecuciones, la criminalización, las órdenes de captura y los desalojos de campesinos», enfatizó.
Señaló además que el único acto de estado integral tomado en el actual Gobierno es la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, que deberá tomar decisiones integrales que implican reformas legislativas y otro tipo de iniciativas.
Pero hasta ahora, «el único resultado que ha tenido la Comisión es la ejecución de más de 40 desalojos, destrucción de cultivos en un momento en que Honduras -con casi 10 millones de habitantes, la mitad de ellos en el sector rural- está declarada en crisis alimentaria».
Movimientos populares deben recuperar su autonomía
A raíz de que el Gobierno que preside Xiomara Castro no les ha cumplido con lo prometido, campesinos organizados de varias regiones del país marcharon el lunes en Tegucigalpa, donde protestaron frente a la sede de los tres poderes del Estado, el Instituto Nacional Agrario, el Ministerio Público y la Embajada de Estados Unidos.
El exfiscal indicó que los movimientos campesino, indígena y popular deben recuperar su autonomía e identificar plenamente la tendencia que sigue la actual administración, no a partir del discurso, sino de los hechos, y que en ese sentido se están haciendo movilizaciones como la del lunes.
Del Gobierno, subrayó que ya tiene control de todas las instituciones, poder Judicial, Ministerio Público, Parlamento y Ejecutivo, «pero los sectores oligárquicos y agroindustriales siguen teniendo controles estratégicos del país, de la tierra, las minas y los bosques».
Ante esa situación, «lo que queda es la lucha popular, que tiene que trascender de una lucha popular social a un planteamiento político autónomo claro dentro del movimiento popular», acotó. EFE
