Tegucigalpa – Honduras sufre «un retroceso» en la lucha contra la corrupción, aseguró este jueves a Efe la directora del Consejo Nacional Anticorrupción del país, Gabriela Castellanos, en el lanzamiento del Primer Observatorio de Política Criminal Anticorrupción.
En su opinión, el retroceso en el combate contra la corrupción se ve reflejado en la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en la eliminación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
«Este año lo hemos visto de manera clara al sacar a una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad, que vino a presentar de alto impacto, y cuando a semanas desaparecen de manera fácil la Ufecic en el Ministerio Público y establecen otra unidad sin mayores facultades que las ganas de los fiscales de trabajar contra la corrupción», enfatizó.
El Ministerio Público de Honduras creó en enero pasado la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) en sustitución de la Ufecic, que trabajó en coordinación con la Maccih, cuyo convenio de creación en 2016 no fue renovado ante la falta de un acuerdo entre el Gobierno hondureño y la OEA.
SE LES CAYÓ LA MÁSCARA A DIPUTADOS Y POLÍTICOS
Castellanos indicó que ese retroceso se ve también en el hecho de que el país tiene una Ley de Secretos Oficiales y el Parlamento hondureño se «sigue blindando» bajo marcos legales para «crear impunidad».
«Existe un retroceso totalmente evidente donde la máscara de muchos de los diputados (del Parlamento hondureño) y los funcionarios ya ha caído frente a la ciudadanía en virtud de que los conocemos, cómo están trabajando a favor de intereses particulares, políticos, económicos, pero no los intereses del pueblo», destacó.
Señaló además que en el país centroamericano se han gestado en los últimos diez años al menos «quince modalidades» de corrupción, entre las que destacó, la sobrevaloración, el soborno, el desvío de fondos, regalos ilegales a nivel de la élite política e ingresos por otorgar plazas.
FALTAN POLÍTICA PÚBLICAS
Honduras carece de políticas públicas y estudios que reflejen la realidad del país con relación al costo de la corrupción, dijo Castellanos, quien aseguró que el Observatorio Anticorrupción es un «aporte importante» a la ciudadanía y al Gobierno en la lucha contra este flagelo.
Según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado), la corrupción le costó al país 254.058 millones de lempiras (unos 10.300 millones de dóólares) entre 2014 y 2018, lo que supone entre el 10 % y el 12,5 % del producto interno bruto (PIB).
Castellanos señaló que el sector privado, el público y organizaciones no gubernamentales están «trabajando en favor la corrupción y la impunidad».
El Observatorio contribuirá a la «reconstrucción del Estado de derecho y el combate directo a las estructuras criminales que se benefician a través de un sistema que solo reproduce corrupción e impunidad», señaló el organismo anticorrupción.
El involucramiento de algunas empresas, funcionarios, políticos y delincuentes del crimen organizado ha sido determinante para «establecer las simetrías de participación de los diferentes agentes que se han encargado de saquear las arcas del Estado», añadió.
El nuevo ente permitirá que Honduras tenga la capacidad de generar aproximaciones de cómo la corrupción «ha penetrado» las instituciones públicas y el desarrollo privado, puesto que en el último quinquenio ese flagelo se ha «encarnado de manera dramática» en el país.
