Tegucigalpa – El secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya Castro, arremetió este sábado contra quienes se oponen a la construcción de cárceles de máxima seguridad en el país, afirmando que estas críticas provienen de sectores con intereses en mantener la criminalidad sin resolver.
Zelaya Castro señaló específicamente las propuestas del gobierno de construir instalaciones carcelarias en la Isla del Cisne y en Mocorón, Gracias a Dios, las cuales han sido objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad hondureña.
“¿Qué intereses defienden?”
En relación al proyecto de Mocorón, que incluye un centro de reclusión con capacidad para 20 mil privados de libertad en terrenos de las Fuerzas Armadas de Honduras, el funcionario dijo que el rechazo proviene de intereses específicos que no representan a la mayoría de la población.
“Se hizo la propuesta de la Isla del Cisne y vino una avalancha de gente interesada en que el gobierno no solucione el crimen y que no construya cárceles de máxima seguridad. Ahora presentamos esta opción en Mocorón, y también están en contra. Entonces, ¿qué intereses defienden?”, cuestionó Zelaya.
Asimismo, destacó que es importante determinar quiénes están detrás de esta oposición y por qué no apoyan iniciativas que, según el gobierno, buscan combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad del país.
Rechazo desde las comunidades locales
Desde que el gobierno anunció el proyecto en junio, los pobladores de Mocorón y comunidades cercanas han manifestado su rechazo, argumentando que la construcción de una megacárcel afectaría la paz y los recursos de la región. Representantes de 15 consejos territoriales misquitos han expresado su preocupación y viajaron a Mocorón para mostrar su oposición al proyecto.
Los líderes comunitarios sostienen que la construcción de un centro penitenciario en su territorio no representa una solución efectiva al crimen, además de plantear riesgos ambientales y sociales para la zona.
División de opiniones
Mientras el gobierno defiende la construcción de estas instalaciones como parte de una estrategia integral contra el crimen, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos han cuestionado la eficacia de los megaproyectos carcelarios. Argumentan que los recursos deberían enfocarse en la prevención, la rehabilitación y la mejora de las condiciones de las cárceles existentes.
Por su parte, Zelaya Castro insiste en que las críticas responden a intereses ocultos que no priorizan la seguridad de la mayoría de los hondureños. “Esas voces no representan a las grandes mayorías que están luchando por un país seguro”, subrayó.
A medida que el debate continúa, queda por ver si el gobierno logrará avanzar con sus planes o si la oposición local y social derivará en ajustes a su estrategia contra la criminalidad.
