Tegucigalpa.- La fiscalización a los altos funcionarios del Estado corresponde al Poder Ejecutivo y no al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), señaló este lunes el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana.
El funcionario participó en el foro “Semana de Gobierno Abierto” reconociendo que hace falta un procedimiento que regule justamente todo el proceso que se da dentro de la administración pública como fiscalización preventiva.
“Según la Constitución, la fiscalización corresponde al Poder Ejecutivo no corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, corresponde al Poder Ejecutivo”, reiteró Orellana.
Indicó que debe haber un procedimiento permita que los funcionarios deben ser demandados para tener una lucha contra la corrupción.
Orellana recordó que con la anterior administración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) varios diputados fueron “exonerados” mediante “procedimientos perversos”, botando el esfuerzo de los fiscales.
Asimismo, reveló que en materia de contratación del Estado se descubrió que los sistemas están secuestrados por las grandes compañías en Honduras, controlan los grandes y pequeños contratos.
Denunció que en el registro de proveedor solo había un supermercado a nivel nacional que estaba proveyendo, pese a que en el país existen otras empresas dedicadas a esta labor.
