Tegucigalpa – La exministra de Salud, Yolani Batres, recobraría la libertad tras la admisión de la suspensión del acto reclamado por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así lo informó este martes su apoderada legal, Doris Madrid, tras interponer un recurso de amparo en contra de la medida de prisión preventiva en contra de su cliente.
En entrevista con la emisora capitalina Radio América, Madrid manifestó que el recurso de amparo se interpuso porque a su cliente se le violentaron las garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
“El recurso de amparo fue admitido con suspensión del acto reclamado, el lunes fue notificada y la misma resolución manda que en las siguientes 24 horas se comunique al juzgado al fin de que libere las comunicaciones y mi representada sea escuchada en libertad”, dijo Madrid.
Agregó que la medida es temporal o provisional porque la Sala de lo Constitucional tiene que ver el fondo del caso.
Yolani Batres se presentó voluntariamente ante los juzgados después de estar en un viaje en el exterior por asuntos personales de salud, argumentó la profesional del derecho.
Madrid recordó que en audiencia inicial solicitó el arresto domiciliario presentando una caución, sin embargo, fue denegado.
Expediente
En este caso también está acusado el empresario Héctor Rolando Figueroa Fúnez que está con la medida de prisión preventiva por nueve delitos de fraude a título de cooperador necesario.
Además, están involucrados la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz; el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño; la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita Vanessa Cordero y los empresarios Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez.
Los siete imputados fueron parte de una red de corrupción, que entre marzo y septiembre de 2014, defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras.
Según la investigación, la defraudación ocurrió mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.
