Tegucigalpa.- El exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) sostuvo que la prueba presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) podría carecer de validez legal, debido a que formaba parte de un expediente sujeto a reserva por orden judicial.
Según el exfuncionario, la divulgación y utilización de información protegida por una medida de confidencialidad podría constituir una vulneración al debido proceso y comprometer la admisibilidad de la evidencia en cualquier procedimiento legal.
Asimismo, señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar si la obtención y presentación de dicha documentación se realizó conforme a la normativa vigente, insistiendo en que el respeto a las garantías procesales es fundamental para asegurar la transparencia y legalidad de cualquier investigación.
