Tegucigalpa.- Estados Unidos puso el foco esta semana sobre la corrupción en Centroamérica, una lacra que debilita las instituciones democráticas, al añadir en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a 39 políticos, altos funcionarios y jueces de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
La denominada «Lista Engel», divulgada recurrentemente en el mes de julio como las dos anteriores (2021, 2022), incluye este año, entre otros, a dos expresidentes de El Salvador, o a una fiscal guatemalteca acusada de presentar cargos sin fundamento contra periodistas o formaciones políticas.
A los incluidos en la lista se les negará la entrada a EE.UU. y no podrán obtener visados para viajar a este país.
El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la «Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte», aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el excongresista demócrata Eliot Engel.
Entre los individuos más destacados en la nueva lista, figuran:
EL SALVADOR
- Mauricio Funes, presidente de El Salvador entre 2009 y 2014.
Perteneciente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y nacionalizado nicaragüense, Funes acumula dos condenas que suman 20 años de cárcel por una tregua entre las pandillas y evasión de impuestos. Además está acusado de malversar más de 350 millones de dólares del presupuesto estatal.
- Salvador Sánchez Ceren, presidente de El Salvador entre 2014 y 2019.
Sánchez Cerén, exlíder insurgente del FMLN, vive en Nicaragua y obtuvo la nacionalidad de este país. Tiene orden de captura por su supuesta participación en la malversación atribuida a Funes cuando era el vicepresidente de la nación centroamericana. También ha sido investigado por la desaparición del embajador de Sudáfrica en 1979, Archibald Gardner Dunn, en manos de la organización guerrillera que el exmandatario dirigió durante la guerra civil.
GUATEMALA
- Cinthia Monterroso, fiscal.
Monterroso ha presentado cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas. Entre ellos destacan los casos contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín y también contra la agrupación Semilla, para evitar que este colectivo político avance a la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto.
- Fredy Orellana, juez penal.
Orellana ha llevado precisamente los casos en su corte de Zamora Marroquín y también de Semilla, con Monterroso como parte acusadora en representación del MP.
El juez causó prácticamente un «terremoto político» el pasado 12 de julio al avalar un caso del MP para suspender a Semilla y a su candidato, Bernardo Arévalo de León, de la segunda vuelta electoral, aunque finalmente dicha orden fue anulada por un tribunal superior.
NICARAGUA
- El mayor general en retiro Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua.
Membreño, de 67 años, ingeniero agrónomo de profesión, fue inspector general del Ejército de Nicaragua, jefe de la Dirección General de Información para la Defensa, segundo jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, entre otros cargos de dirección militar. En septiembre de 2012 fue puesto al frente de la UAF por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
- El comisionado mayor en retiro Aldo Sáenz, subdirector de la UAF.
Sáenz fue director ejecutivo del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Policía Nacional. Su nombramiento como número dos de la unidad contra el lavado de dinero, también forma parte de la alianza de Ortega con la cúpula militar y policial.
EE.UU. también lo acusa de socavar procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del Gobierno.
- Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua.
A la procuradora se le acusa de socavar los procesos o instituciones democráticas, utilizando su oficina para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno, sin una base legal.
HONDURAS
- Yani Rosenthal, actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y excandidato presidencial.
Rosenthal, ministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya (2002-2009), fue condenado en diciembre de 2017 en un tribunal federal de Nueva York a tres años de cárcel por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico del cartel de Los Cachiros.
EE.UU. le acusa de socavar procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
- Edna Yolany Batres, exministra de Salud durante uno de los períodos del expresidente Juan Orlando Hernández.
Batres es señalada por un fraude al Gobierno hondureño de más de 300.000 dólares al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida.
Desde abril de 2022 enfrenta un juicio por narcotráfico en EE.UU., también ejerció como encargada para la pandemia de la covid-19 en el departamento de Francisco Morazán, en Tegucigalpa.
- Marcelo Chimirri, gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones entre 2006 y 2007 durante la Administración de Manuel Zelaya.
En agosto de 2017, Chimirri fue condenado a nueve años de prisión como «autor directo del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública». Familiar de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, estuvo implicado en un espionaje telefónico que el expresidente Manuel Zelaya denunció en 2007.
En febrero de 2010 Chimirri, que ya está en libertad, fue condenado a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad.
PANAMÁ
Sin relación con la denominada «Lista Engel», el pasado 13 de julio Estados Unidos anunció que había prohibido la entrada al país al expresidente de Panamá Juan Carlos Varela (2014-2019) y a su familia por su vinculación en «importantes» actos de corrupción.
La decisión, aseguró el secretario de Estado, Antony Blinken, «reafirma el compromiso de EE.UU. con combatir la corrupción endémica en Panamá».
En enero de este año, EE.UU. también vetó la entrada al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y a sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, que al igual que Varela enfrentan cargos por lavado de activos en el caso Odebrecht.
