Una reforma a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano entró en vigencia en Honduras con el objetivo de facilitar la conciliación y el pago de obligaciones económicas derivadas de demandas laborales contra el Estado.
La normativa establece un régimen especial, extraordinario y temporal para atender procesos judiciales pendientes y permitir que las personas que prestaron servicios en los programas contemplados por el decreto puedan solicitar una conciliación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Entre las nuevas condiciones se contempla un plazo de hasta 45 días hábiles para formalizar los acuerdos conciliatorios, los cuales estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos correspondientes y a la disponibilidad presupuestaria de las instituciones involucradas.
Asimismo, los acuerdos podrán establecer un plazo máximo de 18 meses para efectuar los pagos, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones reconocidas mediante los procesos de conciliación.
La reforma busca agilizar la resolución de demandas pendientes y establecer mecanismos que permitan al Estado atender compromisos económicos sin afectar de manera inmediata la disponibilidad de recursos públicos.
El Congreso Nacional aprobó la reforma en agosto de 2026, en el marco de las medidas contempladas en la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.
De acuerdo con información del Poder Judicial, los procesos de conciliación constituyen mecanismos alternativos para la solución de conflictos, mientras que en materia laboral existen procedimientos específicos para reclamar prestaciones y otros derechos derivados de una relación de trabajo.
