Washington.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes bloquear las restricciones a la píldora abortiva mifepristona que un tribunal de apelaciones había ordenado la semana pasada.
La decisión supone mantener sin cambios el «statu quo» sobre el acceso a la medicación, al menos mientras el tribunal de apelaciones decide sobre la legalidad de la aprobación que los reguladores de EE.UU. dieron al medicamento hace más de 20 años.
El tribunal de apelaciones en cuestión -el del Quinto Circuito, que incluye los estados de Texas, Luisiana y Misisipi- aprobó restringir el acceso a la mifepristona mientras valora la decisión de un juez de Texas de prohibir por completo el acceso a la píldora, que se usa en más de la mitad de los abortos en el país.
El fallo supone la primera vez que el Supremo se pronuncia en un caso relativo al aborto tras su controvertida decisión el verano pasado de eliminar la protección constitucional de la que gozaba desde los años setenta, provocando una avalancha de restricciones en los estados gobernados por conservadores.
En un mensaje celebrando la decisión del Supremo, el presidente estadounidense, Joe Biden, destacó que «la mifepristona sigue estando disponible y está aprobada para su uso seguro y efectivo mientras continuamos con la batalla en los tribunales».
El mandatario aseguró que su Gobierno continuará defendiendo la aprobación de la mifepristona por los reguladores, y declaró que seguirá «luchando contra los ataques a la salud de las mujeres políticamente motivados».
La mayor instancia judicial del país decidió este viernes bloquear de momento una serie de restricciones que el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito había ordenado la semana pasada, como prohibir que la píldora pudiera recetarse a partir de las siete semanas de embarazo o su envío por correo.
Dos de los jueces más conservadores de la corte, Clarence Thomas y Samuel Alito, se mostraron en desacuerdo con la decisión.
El fallo devuelve el caso al tribunal de apelaciones, que ha fijado la fecha para el comienzo de los argumentos orales para el próximo 17 de mayo.
En el centro de la disputa legal está la autorización sanitaria que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) dio hace 23 años a la mifepristona.
El juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, postulado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), ordenó el 8 de abril retirar la autorización sanitaria a la píldora abortiva.
La orden fue recurrida por el Gobierno de Joe Biden y un tribunal de apelaciones de Luisiana estipuló que el fármaco estuviese disponible solo hasta las primeras siete semanas de embarazo, tres menos que anteriormente, y que debiera ser recogido en persona, entre otras restricciones.
Pero el Departamento de Justicia elevó el caso al Supremo alegando que la restricción tendría graves consecuencias para las mujeres y para la industria farmacéutica, por lo que el alto tribunal ha tenido que intervenir.
La organización Planned Parenthood, que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país, celebró la decisión de este viernes, pero advirtió de que la salud de las mujeres no debería estar a merced del sistema judicial.
«Nos sentimos aliviados porque el acceso a la mifepristona seguirá protegido mientras este caso sin mérito procede. Podemos tomarnos un respiro, pero sin perder la vigilancia», dijo en un comunicado la presidenta de la organización, Alexis McGill Johnson.
Por su parte, el principal grupo de abogados conservadores que pidió al Supremo mantener las restricciones del tribunal de apelaciones, la Alianza para la Defensa de la Libertad, se limitó a recordar que el caso se debe dirimir aún en los tribunales.
«Esperamos una resolución final de este caso que obligue a la FDA a rendir cuentas», dijo en un comunicado el abogado Erik Baptist, que pertenece al grupo.
La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que ha liderado la respuesta de la Casa Blanca a las sucesivas restricciones al aborto aprobadas en varios estados conservadores, celebró también la decisión del Supremo, aunque defendió que «nadie debería inmiscuirse entre una mujer y su médico».
