El gobierno de EE. UU. condena la violencia política que se vive en Honduras de cara a las elecciones generales

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Tegucigalpa.-El Gobierno de los Estados Unidos condenó este martes la violencia política que vive Honduras a pocos días de los comicios generales que se llevaran a cabo el próximo 28 de noviembre e instó a los políticos a comprometerse con un pacto de paz.

“EE.UU. condena la violencia contra los candidatos políticos durante el fin de semana”, escribió a través de Twitter el responsable para Latinoamérica en el Departamento de Estado, Brian A. Nichols.

“Instamos a los candidatos y partidos políticos hondureños a comprometerse con un pacto de no violencia durante las elecciones pacíficas”, añadió.

Expuso que el pueblo hondureño merece un proceso electoral seguro, donde el próximo 28 de noviembre se elegirá a las nuevas autoridades por los próximos 4 años.

Las expresiones del funcionario norteamericano se dan luego del sangriento fin de semana en Honduras, en donde al menos tres aspirantes a cargos de elección popular perdieron la vida violentamente, además, que en semanas anteriores ya se habían reportado también algunos hechos violentos.

En las últimas horas, un grupo integrado por Senadores y miembros del Congreso de los Estados Unidos, mostraron su preocupación por las próximas elecciones generales en Honduras.

A través de una carta enviada al Secretario del Departamento de Estado, Antony J. Blinken, los firmantes le solicitan que Estados Unidos sea observador y garante de un proceso electoral transparente y con resultados creíbles.

Aquí la carta enviada:

Honorable Antony J. Blinken, Secretario de Estado Departamento de Estado de EE. UU., a través de la presente escribimos para expresar nuestra preocupación por las próximas elecciones generales del 28 de noviembre en Honduras, en las que los ciudadanos hondureños elegirán un nuevo presidente, 128 representantes del Congreso Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, y varios alcaldes, vicealcaldes y gobiernos locales.

Los miembros del Consejo apreciamos el compromiso de la administración con la democracia y los Derechos Humanos, y alentamos al Departamento de Estado a apoyar elecciones libres y justas en Honduras y un resultado creíble, transparente e indiscutible.

Solicitamos que en las semanas previas a las elecciones, el Departamento vigile de cerca las condiciones de Derechos Humanos en el país y se pronuncie enérgicamente contra cualquier acto de censura o represión, incluso contra periodistas, manifestantes pacíficos o miembros de la oposición política.

Un proceso electoral libre y justo representa una oportunidad importante para que los ciudadanos hondureños restablezcan la democracia y el estado de Derecho, y claramente beneficia al pueblo de Honduras, los Estados Unidos y la región en su conjunto. Nos preocupa un patrón de fraude electoral y prácticas antidemocráticas en Honduras, incluido el golpe militar de 2009 y las irregularidades generalizadas en las elecciones presidenciales de 2017, que en ese momento suscitaron una profunda preocupación por parte de los supervisores electorales regionales y la comunidad internacional.

En el período previo a las elecciones de noviembre de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 13 muertes violentas de candidatos políticos, siete de los cuales eran miembros de la oposición. En el período previo a las elecciones generales de este año, el ACNUDH ha documentado 23 asesinatos de candidatos y sus familiares.

Con solo dos semanas antes de que se celebren las elecciones generales, existe un mayor potencial de violencia, fraude o restricciones a la capacidad de los ciudadanos hondureños para ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, todos los cuales están protegidos por el Constitución hondureña. Creemos que es esencial que Estados Unidos sea visto como un observador neutral, creíble e imparcial y que apoyemos un resultado en Honduras que sea genuinamente democrático e inclusivo.

Hemos observado con gran preocupación que un patrón de abusos a los Derechos Humanos en Honduras continúa amenazando las libertades básicas, mientras que la libertad de prensa y el espacio para que la sociedad civil opere siguen siendo severamente restringidos.

El ACNUDH ha informado que los periodistas enfrentan asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, destrucción de equipo y otros obstáculos que han impedido su capacidad para operar de forma independiente.

A raíz de las elecciones de 2017, que provocaron protestas sostenidas, en todo el país y en gran medida pacíficas, el ACNUDH documentó 16 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad hondureñas, ninguno de los cuales ha sido procesado con éxito.

Tememos que la represión contra los trabajadores de los medios de comunicación, los manifestantes y políticos de la oposición y los defensores de los Derechos Humanos, incluso por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas, pueda aumentar o intensificarse a medida que se acercan las elecciones.

Con todos los ojos en la región en Honduras este noviembre, instamos a un fuerte monitoreo del Departamento de Estado y a la crítica pública de las prácticas autoritarias para maximizar las posibilidades de un proceso electoral inclusivo y transparente, que podría servir como un posible indicador de la renovación democrática en la región como presidente. Se acercan las elecciones en Colombia y Brasil en 2022.

El futuro democrático de Honduras está ligado a nuestro propio futuro aquí en los Estados Unidos, y el ciclo electoral de este año es de especial importancia. El nuevo Congreso que sea elegido a su vez elegirá un nuevo Fiscal General y magistrados de la Corte Suprema que podrían actuar como actores clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que continúan agotando los recursos públicos y alimentan el empobrecimiento generalizado, la inseguridad ciudadana y el desplazamiento forzado en todo el país, como en la región.

Un proceso electoral transparente, inclusivo y creíble sería un primer paso necesario para fortalecer el estado de Derecho y facilitar un desarrollo económico equitativo a largo plazo, para que el pueblo hondureño pueda vivir con dignidad, seguridad y con sus libertades fundamentales protegidas.