“El estado de excepción es el reconocimiento del fracaso del estado de derecho”, señala Julieta Castellanos

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Tegucigalpa.- En relación al estado de excepción que se mantiene en varios municipios del país con el objetivo de combatir varios delitos entre estos la extorsión, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dijo que este no es más que reconocimiento de fracaso del estado de derecho.

De forma textual la socióloga manifestó que “un estado de excepción es el reconocimiento del fracaso del estado de derecho lo que significa que un gobierno no puede dar garantías de seguridad dentro de las normas establecidas por las leyes nacionales del país”.

En ese sentido, las autoridades tienen que recurrir a estado de excepción para poder ejecutar acciones que deberían hacerse bajo la normativa establecida, continuó Castellanos.

El estado de excepción es un reconocimiento que se ha fracasado con el estado de derecho y en este sentido no se han visto otras medidas que ellos anunciaron y de las cuales no se ha tenido conocimiento, insistió Castellanos.

Mencionó que como medidas de control de delitos como extorsión se había anunciado controles electrónicos y el manejo y control en las ventas o chips de celulares, entre otros que no se han concretado.

Lo que uno se pregunta es si las autoridades que actuaban bajo estado de excepción, son las que van a actuar o las que deberían de actuar en condiciones del estado de derecho, expuso.

La profesional añadió que, en un estado de excepción, se dan circunstancias para un impacto psicológico en las personas, pero sin lugar a dudas las denuncias que se siguen dando de muchos delitos, requieren un enfoque estructural con el funcionamiento sistemático de las instituciones.

Destacó que ante tanta violencia y el crimen debe haber investigación efectiva para el caso en temas como las masacres.

Finalmente, Julieta Castellanos, es del criterio que la Secretaría de Seguridad y el sistema de seguridad de Justicia tendría que reunir sus equipos profesionales para hacer sus propuestas teniendo como guía modelos exitosos de otros países que tienen control del crimen y el delito, en las circunstancias que el país lo permite.