Tegucigalpa.– La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, alertó este jueves que el oficialismo pretender quebrantar el orden constitucional durante la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Castellanos divulgó un mensaje de advertencia en las redes sociales del CNA de los escenarios que podrían ocurrir este viernes cuando el Congreso Nacional retome las sesiones para elegir los nuevos magistrados.
Advirtió que la incapacidad de generar acuerdos, la estrategia del oficialismo es anular el consenso y legitimar por la fuerza su voluntad de apropiarse del Poder Judicial.
“El Congreso Nacional a lo interno se apresta a jugarle la vuelta a la Constitución y aparentemente cumplir aspiraciones políticas que concluyan con la ilegalidad”, alertó.
La directora del CNA señaló que en el juego político hay tres escenarios que pueden ocurrir este viernes, y que ninguno de ellos está apegado a la razón y el respeto de la norma suprema.
Indicó que la primera pretensión es un posible rompimiento del orden constitucional
Expuso que ante la falta de consenso en la aprobación de la nómina presentada el 25 de enero por el Partido Libertad y Refundación (Libre), las posibilidades que ese fracaso se vuelva a repetir el viernes son y el partido de gobierno podría declarar el rompimiento del orden constitucional
“El plan es responsabilizar a las bancadas que se opusieron a la propuesta presentada en la fecha que señala el artículo 312 de la Constitución”, externó.
Castellanos puntualizó que la estrategia es desviar la responsabilidad ante la incapacidad de elegir una nueva CSJ a su medida.
La segunda pretensión pondría conducir a una elección con mayoría simple
En ese sentido, Castellanos explicó que el gobierno al declarar el rompimiento del orden constitucional en base a espurios, el Congreso Nacional sometería la votación con simple mayoría.
Mientras que la tercera pretensión es el despojo de las funciones de los actuales magistrados quienes culminan su periodo el 11 de febrero.
Aseveró que el gobierno se aprovecharía de un vacío ilegal cuando finalice el período de los actuales magistrados y no haya un consenso para elegir a los nuevos altos jueces.
