Washington El Gobierno de Estados Unido exigió este viernes el «fin inmediato» de los ataques contra trabajadores humanitarios en la región de Tigray, en Etiopía, tras la muerte de una cooperante española y de dos etíopes de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Así lo expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado, en el que no mencionó las nacionalidades de los fallecidos.
«Estamos consternados y profundamente entristecidos tras conocer los asesinatos horribles de tres miembros del personal de Médicos Sin Fronteras», dijo Price, quien advirtió de que los ataques contra trabajadores humanitarios son «indefendibles».
En ese sentido, agregó, «instamos a una investigación independiente y a que los autores rindan cuentas por estos asesinatos».
El Departamento de Estado destacó que el Gobierno de Etiopía es el responsable de «garantizar la seguridad de los empleados humanitarios y del acceso libre y sin trabas de la ayuda humanitaria».
Price afirmó que un cese de las hostilidades es «esencial» para asegurar que los cooperantes puedan ayudar de forma segura a los civiles, evitar más sufrimiento y abordar una serie de retos, como la hambruna.
MSF informó este viernes de la muerte de la española María H., coordinadora de emergencias, y de los etíopes Yohannes Halefom Reda, coordinador asistente de la ONG, y del conductor Tedros Gebremariam Gebremichael.
La jefa de comunicaciones de MSF para África del Este, Sophie Madden, explicó en un comunicado que perdieron el contacto con ellos el jueves por la tarde, cuando iban de viaje.
«Esta mañana, el vehículo fue encontrado vacío y, a pocos metros de distancia, sus cuerpos sin vida», subrayó Madden.
MSF no facilitó detalles sobre el suceso, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía precisó en su cuenta de Twitter que tuvo lugar en Abi Adi, una ciudad del centro de Tigray, a unos 90 kilómetros de la capital regional, Mekele.
En Abi Adi, remarcó ese departamento, «opera activamente» el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), partido que gobernaba la región hasta su derrocamiento en noviembre y considerado ahora una organización terrorista por el Gobierno central.
El conflicto en Tigray estalló el pasado 4 de noviembre después de que el Gobierno central atacara al FPLT, el partido en el poder entonces en ese territorio, en represalia por una presunta agresión previa de fuerzas tigriñas a una base del Ejército federal.
Desde entonces, miles de personas han muerto, cerca de dos millones se han visto desplazadas internamente en la región y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, país fronterizo con Tigray, según datos oficiales.
Además, organizaciones proderechos humanos han denunciado violencia indiscriminada y atrocidades cometidas contra la población civil en Tigray, incluyendo más de mil casos de violencia sexual documentados, aunque la cifra real podría ser mucho más alta.
Hasta la fecha, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019, ha desoído los llamamientos de potencias como Estados Unidos y la Unión Europa para poner fin a las hostilidades y se ha mostrado reacio a facilitar más el acceso de las agencias humanitarias para asistir a la población. EFE
