Washington – Varios documentos internos del Departamento de Estado revelados hoy por los demócratas demuestran cómo el presidente, Donald Trump, buscó rédito político de cara a las elecciones de 2020 al anunciar el fin de la protección migratoria Estatus de Protección Temporal (TPS, en su siglas en inglés) para Honduras, El Salvador y Haití.
El senador progresista Bob Menéndez difundió un informe elaborado por miembros de su partido en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta, que contiene decenas de documentos internos del Departamento de Estado, incluidos cables de embajadas, que revelan cómo funcionarios del Gobierno de Trump tuvieron en cuenta cuestiones políticas para no renovar el TPS para El Salvador, Honduras y Haití e ignoraron las advertencias sobre los riesgos para la seguridad nacional.
«El informe documenta algo que ya hemos visto en varias ocasiones: la Administración de Trump utiliza repetidamente la política exterior de nuestro país para promover los objetivos políticos del presidente por encima de nuestros intereses como nación», señaló Menéndez en un comunicado.
A la luz de estos hallazgos, el senador solicitó en una carta al Inspector General del Departamento de Estado que investigue en qué medida los cálculos electorales jugaron un papel en las decisiones sobre el TPS del Departamento de Estado, así como el papel del asesor Stephen Miller, conocido por su fuerte retórica contra la inmigración, y de otros nombramientos políticos en la Casa Blanca.
«La Administración de Trump ignoró intencionalmente las advertencias sobre los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad de casi 400.000 beneficiarios del TPS de El Salvador, Honduras y Haití», criticó el senador.
Según el informe, diplomáticos de alto nivel del Departamento de Estado y embajadas en esos tres países avisaron «repetidamente» a los funcionarios de que acabar con esa protección migratoria «socavaría los objetivos de la política exterior y provocaría una nueva ola de migración irregular a Estados Unidos».
“La imprudencia y vacío moral de su agenda antiinmigrante no conoce límites: en su frenético intento por despojar a casi 400.000 personas de protecciones humanitarias, la Administración estaba dispuesta a jugar con nuestra seguridad nacional y la seguridad de los beneficiarios de TPS y sus hijos estadounidenses», agregó Menéndez.
Cerca de 325.000 inmigrantes de trece países distintos están amparados bajo el TPS, con 195.000 salvadoreños, unos 60.000 hondureños y 46.000 haitianos, entre otros.
El Gobierno prorrogó hace una semana hasta el 4 de enero de 2021 el TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como para Haití, Nepal y Sudán, mientras la Justicia dirime la suerte de este amparo concebido para apoyar a países en situaciones extraordinarias.
Durante décadas, los distintos Gobiernos fueron renovando de manera automática el TPS, pero Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos, como parte de su estrategia de endurecer las políticas migratorias.
