Dictan sobreseimiento definitivo para seis miembros de la comunidad garífuna de Punta Gorda

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Tegucigalpa.- Un juez departamental con base en Roatán decretó el sobreseimiento definitivo para seis miembros de la comunidad garífuna de Punta Gorda, Islas de la Bahía, que habían sido acusados de usurpación de tierras, de las cuales fueron desalojados durante un operativo policial en cumplimiento de una orden judicial.

Los imputados en la causa son Melissa Fabiola Martínez, Dorotea López, Efraín Sánchez, Keider Gonzales, Richard Martínez, y Augusto Dolmo.

Los ciudadanos habían sido desalojados de una propiedad el pasado 7 de noviembre y durante su ejecución las fuerzas policiales fueron acusadas de utilizar la violencia.

Los afrodescendientes señalaron que defendían sus tierras ancestrales, las cuales han ocupado desde el siglo pasado y de las cuales quieren ser despojados de las mismas.

El desalojo fue criticado por la presidenta Xiomara Castro que reaccionó al desalojo indicando que no había sido informado del mismo y exigió un informe de los acontecimientos.

Tras el desalojo, varios activistas fueron detenidos y puestos a la orden judicial. En primera instancia un juez que conoció el caso les concedió el beneficio de la libertad condicional, mientras seguí el juicio.

Pero la noche de este viernes (25-11-2022) decretó el sobreseimiento definitivo a  los seis garífunas procesados, lo cual fue celebrado por decenas de miembros de la comunidad afrodescendientes que esperaban en las afueras del tribunal.

La dirigente garífuna Miriam Miranda escribió en su cuenta de Twitter “Sobreseimiento definitivo para nuestros defensores Garífunas de Punta Gorda. Esta resolución es histórica para los pueblos indígenas del país. Muchísimas gracias para todas las personas que nos acompañaron y solidarias con el pueblo Garífuna. La lucha por nuestra vida continua¡¡”.

La medida también fue saludada por la Oficina del Alto Comisionado de los derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) e instó al “Estado a acelerar la adopción de medidas necesarias para la garantía de los derechos ancestrales del pueblo garífuna con relación a sus territorios”.

Fuente: Proceso Digital