Tegucigalpa. Un hondureño acusado de tráfico de armas y narcotráfico fue detenido este martes en Miami, informaron fuentes de seguridad de los Estados Unidos.
El detenido es Geovanny Daniel Fuentes Ramírez de 50 años de edad, quien supuestamente conspiró con políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional hondureña para operar un laboratorio de cocaína en Honduras y distribuir cocaína usando rutas aéreas y marítimas.
De acuerdo a lo informado mediante un comunicado oficial por la Corte del Distrito Sur de New York, Fuentes Ramírez fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Fue así que agentes de la DEA arrestaron a Fuentes Ramírez el 1 de marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba salir de los Estados Unidos, y fue presentado ayer (lunes) por la tarde en un tribunal federal de Miami.
El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Como se alega, Geovanny Daniel Fuentes Ramírez fue, hasta su arresto por la DEA hace dos días, un narcotraficante prolífico, poderoso y asesino en Honduras. Como se alegó, Fuentes Ramírez allanó el camino para el envío sin trabas de cargas de cocaína de varias toneladas sobornando a la Policía y a un político hondureño de alto rango, e informando directamente a Juan Antonio “Tony” Hernández, otro conspirador en el plan y a él mismo un excongresista hondureño.
De su lado, la agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “El arresto de Geovanny Daniel Fuentes Ramírez es otro ejemplo de la perseverancia de la DEA para llevar ante la justicia a los criminales asociados de funcionarios públicos hondureños corruptos y agentes de la ley que permitieron el tráfico de grandes cantidades de cocaína con destino a los Estados Unidos. Estos arreglos corruptos resultaron en una violencia horrible en Honduras y más allá. La DEA continuará persiguiendo agresivamente y presentando ante la justicia a quienes participaron en estas actividades, amenazaron el Estado de derecho y operaron con total desprecio por la vida humana por su ganancia financiera”.
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la demanda contra Fuentes Ramírez, evidencia presentada en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el Distrito Sur de Nueva York, y declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado:
Entre aproximadamente 2004 y 2020, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los Estados Unidos.
Para protegerse de la interferencia policial y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas, Fuentes Ramírez y otros narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos hondureños, incluidos ciertos miembros de la Policía Nacional hondureña y Congreso hondureño.
Por ejemplo, después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas relacionadas con su papel en este esquema. Hernández Alvarado está programado para ser sentenciado por el juez federal de distrito, Kevin Castel el 15 de abril de 2020.
A principios de 2009, Fuentes Ramírez y otros establecieron y operaron un laboratorio de cocaína en el departamento de Cortés, donde producían cientos de kilogramos de cocaína cada mes. El ahora imputado trabajó con otros para recibir envíos de cocaína y transportar la cocaína que él producía, incluido el uso de aviones que aterrizaron y partieron de una pista de aterrizaje clandestina que operaba cerca de Cortés.
Para proteger estas grandes cantidades de cocaína y su punto de apoyo como narcotraficante a gran escala en Honduras, Fuentes Ramírez y sus trabajadores usaron armas de fuego, incluidas pistolas de 9 milímetros, rifles de asalto AK-47 y rifles de asalto AR-15, y recurrieron a actos de violencia significativos, incluido el asesinato.
Alrededor de 2012, por ejemplo, después de que la Policía allanó el laboratorio de cocaína de Fuentes Ramírez, éste participó en el asesinato punzante de un agente de la ley que él creía haber estado involucrado en la investigación del laboratorio.
Mientras, en 2013 el acusado pagó al menos aproximadamente $ 25 mil a un funcionario hondureño de alto rango al que se hace referencia en la demanda como «CC-4», a cambio de protección contra futuras intervenciones de las fuerzas del orden público dirigidas a Fuentes Ramírez y sus actividades de tráfico de drogas.
Desde el momento del soborno, durante una serie de reuniones entre Fuentes Ramírez, CC-4 y otros; CC-4 expresó su interés en el acceso al laboratorio de cocaína de Fuentes Ramírez debido a su proximidad a un importante puerto comercial de envío, acordó facilitar la uso del personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para las actividades de narcotráfico del ahora imputado e lo instruyó para que se informe directamente a Juan Antonio Hernández Alvarado sobre las actividades de narcotráfico posteriores.
La demanda acusa a Fuentes Ramírez, de 50 años, de: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar, la conspiración de importación de cocaína; y (3) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. Si es declarado culpable, Fuentes Ramírez enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una pena máxima de cadena perpetua en el cargo número uno, una pena mínima obligatoria de 30 años en prisión y una pena máxima de vida en prisión en el cargo dos, un máximo condena a cadena perpetua en el recuento tres.
