Tegucigalpa.- El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Richard Barathe, reiteró este lunes que es importante que se conforme un Poder Judicial independiente, fortalecido y competente en Honduras.
“Yo diría que es muy importante, es una condición clave del proceso de fortalecimiento del Estado de derecho tener un Poder Judicial independiente, fortalecido y competente que tenga los mejores criterios de idoneidad en esa función”, expresó Barathe.
En ese sentido, explicó que la independencia tiene que ver con que no esté sujeto a otros poderes del Estado.
Al mismo tiempo, mencionó que una democracia se construye sobre la base de diversos pilares, entre ellos la justicia, seguridad y democracia.
“En el caso de la justicia es sumamente importante que los actores que dirigen esta labor tengan las competencias adecuadas”, manifestó, a la vez que reconoció que ha habido avances en ese sentido, pero espera que se materialicen.
Este año se aprobó una nueva ley que regirá a la Junta Nominadora de selección de postulantes a magistrados de la CSJ, misma que deberá ser electa de una nómina de 45 el próximo 25 de enero de 2023, por los siguientes 7 años (2023-2030).
En julio de 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La nueva ley amplía las incompatibilidades para ser parte de la Junta Nominadora (JN) con el fin de evitar que la integren quienes tengan conflictos de intereses. También garantiza que sean públicas las sesiones, audiencias y entrevistas, y que exista una amplia participación de observadores nacionales e internacionales, de los medios de comunicación y del público en general.
La ley ordena que las votaciones se hagan mediante consignación de nombres y sean transmitidas en vivo por todos los medios de comunicación en cualquier formato. A su vez, plantea la habilitación de un portal electrónico de transparencia en el que se compartirá toda la información y documentación del proceso.
Asimismo, permite la impugnación de las personas representantes de las instituciones que integren de la JN y la presentación de tachas y denuncias en contra de las personas postulantes. Esta normativa asegura que la nómina final de no menor de 45 candidaturas se integre con 23 mujeres y 22 hombres mejor evaluados, y que el Congreso Nacional elija no menos de 7 magistradas.
Finalmente, la ley contiene una matriz técnica para evaluar la integridad personal y profesional (25%), la ética profesional (20%) y la idoneidad y capacidad técnica (55%). La nómina que la JN envíe al Congreso Nacional debe ser acompañada de un informe de evaluación debidamente motivado.
