Demandan al alcalde Roberto Contreras por abuso de autoridad y desviación de fondos

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Tegucigalpa.- En una nueva controversia que sacude a la Municipalidad de San Pedro Sula, el alcalde Roberto Contreras enfrenta una demanda presentada por la Asociación de Locatarios del Mercado Guamilito (ALOMERG), según documentos obtenidos por Noticias 24/7 HN.

La querella tiene como objetivo la anulación de un polémico Acto Administrativo contenido en el Plan de Arbitrios Municipal para el año fiscal 2024.

La demanda, basada en el Artículo 116, busca el reconocimiento de una situación individualizada y destaca alegaciones de abuso excesivo de autoridad por parte de empleados y funcionarios públicos municipales.

Uno de los puntos centrales es el incremento desproporcionado en el pago de alquiler por metro cuadrado de locales comerciales, alegando un impacto significativo en los comerciantes locales y una violación de principios fundamentales.

La acción legal también resalta la presunta desviación de fondos aprobados en una sesión ordinaria municipal anterior (Acta #109, Punto 09,10). Estos fondos, destinados a ayudar a los locatarios afectados por la pandemia de COVID-19, el incendio del Mercado Guamilito y los huracanes Eta e Iota, no habrían sido entregados según lo acordado.

La demanda sostiene que la no entrega de esta ayuda ha causado daños y perjuicios a los afectados, generando una crisis que busca remediar mediante la anulación del acto administrativo.

Los demandantes solicitan la suspensión de los cierres de locales en el Mercado Guamilito mientras la Municipalidad responde al Reclamo Administrativo número 179-2023.

Asimismo, exigen la citación legal al Alcalde Municipal, Roberto Contreras, para que responda dentro del plazo establecido, advirtiéndole que la falta de respuesta resultará en su declaración en rebeldía. Además, instan al respeto de los principios fundamentales de libertad, igualdad, fraternidad y equidad, así como el respeto a la ley y la justicia para el bien común de todos los ciudadanos.

Finalmente, los demandantes señalan que una vez que el juzgado ordene la suspensión y posterior anulación del acto administrativo, se espera poner fin a las acciones irregulares llevadas a cabo por la Corporación Municipal. La situación promete intensificarse a medida que se desarrolla la investigación judicial.