Tegucigalpa.- La defensa legal de los policías depurados encabezada por el abogado Abel Orellana, se disponen a interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP), en demanda criminal contra la extinta Comisión Depuradora conformada por Julián Pacheco, Vilma Morales, Omar Rivera, Carlos Hernández y German Leitzelar.
Orellana advirtió que el Estado de Honduras podría pagar alrededor de 2,000 millones de lempiras por demandas de policías depurados.
“Da pesar, porque es dinero que el Estado tiene que erogar para pagarle a esta gente -ex policías- de los impuestos que el pueblo paga”, expuso Orellana.
Indicó que al Estado hondureño le puede salir más barato lograr una conciliación y que los ex policías sean reintegrados porque si estas demandas se van a una casación, el Estado tendrá que pagar dos mil millones de lempiras a los policías depurados.
El profesional del derecho detalló que en estos momentos solo hay cuatro demandas falladas a favor de los depurados.
Por otro lado, el abogado aseguró que la Comisión Depuradora “negligente” no escuchó a los depurados en una verdadera audiencia de descargo.
“Yo recuerdo cuando Omar Rivera dijo que había pasado 400 expedientes al Ministerio Público y yo le pregunté que me dijera dónde estaban las resoluciones criminales contra los depurados y no me lo pudo explicar. Entonces, por estas situaciones y mentiras negligentes tenemos preparada la demanda criminal que vamos a presentar para que se deduzcan responsabilidades a la Comisión”, concluyó.
Este fin de semana el director del Comité Hondureño de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, recomendó que sea reabierto el juicio de los policías depurados, para que sean los ex depuradores quienes paguen con sus bienes estos gastos que en caerá el Estado hondureño.
