Managua.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, otorgó este martes poderes a la Policía Nacional que le permitirá restringir la circulación de personas durante situaciones de emergencia y desastres, tras el paso del ciclón Julia, que según el Gobierno solamente dejó daños materiales.
Según la normativa emitida por el mandatario, quien es jefe supremo de la Policía nicaragüense, la institución del orden público tiene ahora la facultad de «restricción del paso para vehículos, carretones, peatones y jinetes, en lugares de alto riesgo».
También de prohibir el paso de cruce de ríos, cauces, puentes o calles y caminos inundados.Además, regulará el tránsito en carreteras, calles y caminos, «afectados por las lluvias o inundaciones».
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, también podrá realizar «retención temporal de personas y sus medios de transporte, que actúen con imprudencia, temeridad o irresponsabilidad en la conducción, que pongan en riesgo sus propias vidas y la de los demás».
La medida fue emitida dos días después del impacto del huracán Julia en Nicaragua, y cuando se han multiplicado los videos compartidos en redes sociales en los que se observan automóviles y personas desafiando ríos crecidos.
Diferentes internautas y algunos medios de comunicación locales que únicamente transmiten en redes sociales han informado de al menos tres personas fallecidas al ser arrastradas por las corrientes, incluyendo una joven de 17 años en el municipio de Santa Lucía (centro), cerca de donde pasó el ojo de Julia, datos que las autoridades no reconocen.
La nueva disposición policial fue justificada en la «protección de la población», e incluye «restringir la circulación de vehículos de carga y transporte, retención y traslado de personas en estado de ebriedad, en comportamiento intransigente y en desobediencia, suspensión de licencias de conducir, y señalización de los lugares que representan vulnerabilidad».
La Policía Nacional ha sido una de las instituciones estatales más criticadas por los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, que la responsabilizan por la muerte de cientos de personas en las protestas antigubernamentales contra Ortega en 2018, así como supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos contra opositores desde entonces.
