Tegucigalpa – La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó suspender las acciones penales en contra del alcalde capitalino y candidato presidencial, Nasry Asfura y la regidora Nilvia Elthel Castillo, al considerar que primero deberá existir una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en torno al manejo de fondos que se cuestionan en la acusación penal.
El pasado 16 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que fue aceptada la solicitud de proceso de antejuicio contra el alcalde capitalino y candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, acusado de varios delitos.
La acusación incluye a la regidora Nilvia Elthel Castillo Cruz, ambos señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude, uso de documentos públicos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
El abogado Dagoberto Aspra, explicó que la Corte de Apelaciones designada de la Sala de lo Penal, declaró “con lugar” el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión de declarar antejuicio para el alcalde capitalino Nasry Asfura y la regidora Nilvia Castillo.
“Lo importante de esta resolución es que se reconoce, decreta la concurrencia del principio de prejudicialidad por ser el Tribunal Superior de Cuentas, quien debe emitir resolución definitiva de auditoría e investigación especial”, explicó el abogado.
“El proceso quedaría en suspenso mientras el Tribunal Superior de Cuentas no haga una auditoría especial sobre los fondos que son cuestionados por el Ministerio Público”, aseveró.
En conclusión dijo el abogado Aspra, deberá existir un informe del órgano contralor para determinar si hay algún tipo de responsabilidad penal contra Asfura y Castillo.
Por otro lado, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, señaló que en el caso del edil Nasry Asfura, han tenido varios obstáculos
Asimismo, lamentó que la solicitud de antejuicio fuera declarada sin lugar y que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se niegue a entregar documentación y que el abogado defensor esté presente en la juramentación de peritos.
“Presentamos una solicitud bajo secretividad para secuestrar la documentación, pero en la audiencia de dicha diligencia para juramentar los peritos estaba presente la defensa, es primera vez que veo esto en 22 años que laboró como fiscal”, cuestionó.
La acusación en contra de Asfura y Castillo data de octubre del 2020, cuando la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco), presentó la solicitud de antejuicio y la presunta evidencia que probaría el desvío de 29.4 millones de lempiras delos fondos de la municipalidad.
