San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este lunes al Estado de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012, luego de que emitieran fallos contrarios a proyectos de Gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo.
La CorteIDH emitió este lunes una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la «destitución arbitraria e ilegal» de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo indica que además, el Estado no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa y que el Estado incumplió el deber de investigar las amenazas y hostigamiento que recibieron las víctimas de este caso, así como el deber de establecer medidas de protección.
El tribunal internacional determinó que el Estado es responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, a la protección judicial, al derecho al trabajo y a la integridad personal.
El caso se remonta a 2012 cuando los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las «ciudades modelo» y la «Ley de depuración policial», lo que generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el entonces presidente del país, Porfirio Lobo.
El Congreso creó una comisión especial para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012, al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Congreso destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse.
Los magistrados también relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados.
«La destitución de las víctimas constituyó un acto de desviación de poder que se llevó a cabo sin respetar las garantías judiciales, con el propósito de ejercer una presión externa sobre el Poder Judicial en violación a la independencia judicial», indica la sentencia de la CorteIDH.
El fallo agrega que esa desviación de poder «tuvo por propósito, además, ejercer una presión externa sobre el Poder Judicial, modificando su configuración con el fin de garantizar su apoyo futuro a las decisiones impulsadas por el Poder Ejecutivo».
En la audiencia por este caso ante la CorteIDH, celebrada en febrero de 2023, la secretaria general de la Procuraduría de Honduras, Laura Flores, dijo que el 27 de enero de 2022, en el discurso de toma de posesión, la presidenta del país, Xiomara Castro, reconoció que «a lo largo de los años Honduras ha sido un Estado opresor y violador de los derechos humanos y que destituyó abruptamente a cuatro magistrados».
Flores expresó que el Estado reconoce que los magistrados fueron «removidos de manera arbitraria e ilegal de sus cargos por el Poder Legislativo» y que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para apelar su destitución.
La representante negó que el Estado sea responsable por violaciones a la integridad física de las víctimas, pues no recibió ninguna denuncia sobre agresiones, atentados o persecución.
En la sentencia notificada a las partes este lunes, la CorteIDH valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado y ordenó una serie de medidas de reparación.
Entre estas medidas se destaca que el Estado debe hacer un acto público de reconocimiento de la responsabilidad, indemnizar a las víctimas y realizar cambios legislativos para evitar casos similares. EFE
