Tegucigalpa.– El coronel Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), y director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), confirmó este día una investigación en curso tras el video que muestra casos de tortura con gas a un privado de libertad en una cárcel hondureña.
“Vimos en las imágenes del video que fue subido a redes e inmediatamente ordenamos que se investigara cuál es el caso, ya se verificó qué fue lo que pasó y ciertamente esta acción se llevó a cabo por lo que el responsable del área fue suspendido”, detalló.
Dijo que al concluir la investigación será puesto a las órdenes de la justicia para que responda sobre el hecho.
Indicó que los encargados de cada cárcel del país están obligados a respetar los derechos humanos y la vida humana, tal como lo ordenó la cúpula militar.
“Todos están advertidos, el que violente ese mandato es problema de él, yo no he ordenado una tontería de esas”, se defendió.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por las constantes denuncias de supuestas torturas y otras violaciones a los derechos humanos que se estarían cometiendo en diferentes centros penitenciarios del país.
Ante este escenario que se estaría presentando en los centros penales, el Conadeh instó a las autoridades hondureñas a tomar los correctivos y evitar poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas privadas de libertad.
Ricardo López, director del despacho del Conadeh explicó que personal de ese ente estatal se ha visto limitado en sus funciones al no permitírseles el ingreso a diferentes centros penitenciarios, desde que la Policía Militar de Orden Público tomó el control.
Agregó que, actualmente, trabajan en una serie de recomendaciones que se harán llegar, oportunamente, al Estado Mayor Conjunto, para evitar que se sigan cometiendo este tipo de situaciones que violentan la Ley Orgánica de este ente estatal.
“Toda restricción en tema de transparencia, en los centros penitenciarios, es condenable y lamentable porque los privados de libertad son personas que únicamente se les ha restringido su derecho a la libertad”.
Entre las graves violaciones a los derechos humanos que se estarían cometiendo, los familiares de las víctimas mencionan la supuesta aplicación de “toques eléctricos”, la “extracción de uñas”, quemaduras de segundo y tercer grado por exposición prolongada al sol.
Además, denunciaron que los hacen dormir desnudos sobre el piso y que los torturan con golpes en sus cuerpos durante la madrugada e incluso que introducen la cabeza, de los privados de libertad, en sanitarios llenos de orina y heces.
Ante este escenario, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al gobierno integrar una comisión o un equipo de trabajo que haga una investigación oportuna, efectiva y pueda constatar los riesgos que enfrentan los privados de libertad.
Honduras cuenta con 25 centros penitenciarios y dos centros anexos que funcionan, uno en el Primer Batallón de Infantería y el otro en el Segundo Batallón de Infantería Aero Transportado Panteras Negras.
Se estima que la población penitenciaria es de 19 mil 557 personas, de las cuales, 18 mil 306 son hombres y mil 251 mujeres.
Actualmente, la situación jurídica de los privados de libertad indica que el 54 % se encuentran sentenciados mientras que el 46 % en calidad de procesados.
En el caso de las mil 251 mujeres privadas de libertad, 683 tienen sentencia condenatoria mientras que 568 están únicamente procesadas.
Por su parte, en lo que respecta a la población masculina, 8 mil 415 (46 %) están procesados y 9 mil 891 (54 %) tienen sentencia condenatoria.
