El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una iniciativa para modificar el artículo 95-A de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2026, con el objetivo de eliminar las condiciones establecidas para las conciliaciones derivadas de demandas laborales contra el Estado.
La propuesta contempla eliminar el párrafo que establece un límite de hasta el 80 % del monto reconocido en una sentencia y un plazo de hasta tres años para efectuar el pago. Zambrano sostuvo que las conciliaciones deben surgir de un acuerdo voluntario entre las partes y que el Congreso no debe imponer un porcentaje ni un período específico para alcanzar esos acuerdos.
El artículo 95-A entró en vigencia el 1 de octubre de 2026 y establece mecanismos de conciliación para las instituciones públicas que pierdan procesos laborales. La disposición generó cuestionamientos de abogados laboralistas y constitucionalistas, quienes señalaron que podría afectar derechos de trabajadores que cuentan con sentencias favorables.
Con la iniciativa anunciada, los acuerdos quedarían sujetos a la negociación entre los trabajadores, sus representantes legales y las instituciones estatales correspondientes, sin el límite porcentual ni el plazo de pago establecidos en el párrafo cuestionado.
La propuesta deberá avanzar en el Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación, mientras trabajadores con procesos judiciales pendientes permanecen atentos al futuro de la normativa.
