Tegucigalpa.- El Congreso Nacional aprobó la noche de este miércoles una serie de reformas en varias leyes, incluyendo las orgánicas de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, con un enfoque en la prevención de la tortura.
Una de las principales modificaciones es la inclusión del Artículo 95, que establece la obligación de los organismos que conforman el Sistema de Educación Policial de impartir cursos y capacitaciones dirigidos a los miembros de la carrera policial, con el objetivo de familiarizarlos con las disposiciones de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, se añadió al Artículo 116 de la Ley de la Carrera Policial la disposición de que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Comité Nacional para la Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puedan solicitar acceso al registro de detenidos de la Policía Nacional.
Asimismo, se reformó el Artículo 8 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes para asegurar la representación continua de la sociedad civil, incluso en casos donde no se haya realizado la elección de un nuevo representante en asamblea.
El decreto también establece la implementación de programas de formación permanente y obligatoria para todos los servidores públicos, especialmente aquellos que forman parte de los cuerpos de seguridad, personal penitenciario y de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, se establece la obligatoriedad para la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) de registrar y mantener estadísticas actualizadas sobre la participación en los programas de formación, desglosadas por institución, rango, género y otros indicadores relevantes.
Finalmente, se crea la Mesa Interinstitucional de Seguimiento de Compromisos y Recomendaciones en Materia de Tortura, encargada de diseñar y ejecutar estrategias para identificar prioridades y dar seguimiento a las observaciones realizadas por los mecanismos de protección de los derechos humanos.
